En el juego de la política, la tentación de influir e imponer decisiones al sector financiero viene de siempre con maniobras más o menos sutiles, no pocos resultados funestos y por parte de todos los gobiernos. La injerencia con mayúsculas fue las décadas de colonización de las hoy extintas cajas de ahorros.
Un modelo societario que regía en medio centenar de entidades de las que quedan solo dos supervivientes: la pequeñas Caixa Pollença y Ontinyent, y que llegó a copar más del 50% del negocio financiero hasta que la crisis de 2008 expuso sus vulnerabilidades, fruto precisamente de ese uso y abuso por parte de los gobiernos regionales para patrimonializarlas.
El penúltimo episodio de extralimitación, a juzgar desde la banca y el Banco Central Europeo (BCE), es la aprobación del nuevo impuesto, recibido como un tributo con fines recaudatorios y que las entidades han llevado a los tribunales.
En la abierta batalla de Unicaja, el factor político y territorial jugó también su rol para derrocar a Braulio Medel, con involucración directa del Gobierno central, sin llegar a resolver la grave crisis de gobernanza que arrastra dos años después de la fusión con Liberbank y rememora hábitos de las antiguas cajas.
Los más veteranos remontan a los años 60 las decisiones intrusivas y a la etapa de los 70 con Mariano Rubio al frente del Banco de España y con Carlos Solchaga en el megaministerio de Economía y Hacienda. Su personal gestión para resolver la dura crisis bancaria, que se cobró numerosas bajas (incluido las entidades de Rumasa), le valió quejas de favoritismo.
Entre otras, el apoyo al antiguo Banco de Bilbao en la frustrada opa de Banesto, con ataques a un Mario Conde que aspiraba a entrar en política por desbaratar esa unión y la posterior de Banesto con el Central; y se cuestionó los cambios que instó o impuso de presidentes en diferentes bancos.
En épocas más recientes, uno de los episodios donde Moncloa salió señalada fue el desembarco por sorpresa de Sacyr en BBVA. Era 2004 y la constructora compró un 5% del banco con intención de ir a más con el plácet del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para, supuestamente, desalojar a Francisco González.
El banquero, próximo al Gobierno de José María Aznar, llegó a la pública Argentaria antes de su integración en BBV, y se quedó al frente pese a ser el presidente del banco pequeño absorbido tras laminar a la cúpula del vasco por los fondos que tenían en una cuenta secreta en Isla de Jersey y que salió a luz con la fusión, y cuyo caso archivó la Audiencia Nacional tras investigarlo. La ofensiva posterior de Sacyr contaría también con el apoyo de las familias vascas desalojadas con el escándalo de Jersey.
Las crisis financieras y, sobre todo, las decisiones para resolverlas son propensas a polemizarse. Otro ejemplo: la adjudicación de Banesto al Santander estuvo envuelta en dudas sobre la rigurosidad en la tramitación de las ofertas y el mismo Banesto sería objeto de controversia después por haber sobrepagado para comprar empresas de la familia del entonces ministro Rato.
Pero la intrusión evidente fue la colonización de las antiguas cajas por los gobiernos regionales valiéndose de la indefinición de su propiedad al carecer de accionistas. Enarbolando su objetivo social se corrompió el fin en muchas ocasiones en favor de proyectos faraónicos de tinte político y con escaso o nulo sentido empresarial.
Un ejemplo fue la incursión en parques temáticos (CaixaBank, por ejemplo, entró en Port Aventura, Caja Madrid en la Warner o la CAM en Terra Mítica) y los millonarios desembolsos para construir los aeropuertos que todas las autonomías querían, algunos fallidos como el de Ciudad Real.
La crisis de 2008 coge a muchas con inversiones ruinosas e indigestas cargas de ladrillo, acercándolas al abismo. Se impone la concentración y, de nuevo, las autonomías evitan perder sus cajas forzando fusiones, en contra en muchos casos de la voluntad de sus gestores y aumentando, incluso, su vulnerabilidad.
En 2012, cuando el Gobierno tiene que pedir un préstamo a Europa para entidades ya sin aliento tras multiplicarles también el requerimiento de provisiones será la Troika (FMI; BCE y Europa) quien exija su despolitización. De ahí, la transformación en bancos y casi extinción del modelo societario.
Ya solo Bankia tiene en el capital al Estado, pero hasta la negociación de fusión con CaixaBank fue criticada por el sector al no abrir un proceso competitivo. En las crisis la banca ha reprobado el recurso frecuente del Gobierno de turno para resolver problemas "invitándolas", por ejemplo, a financiar el banco malo, hacerse cargo de cajas quebradas por políticos, soportar nuevos tributos o ceder un parque de vivienda para alquiler social, etc.
