El expresidente de Sacyr, Luis del Rivero, volvió a ser protagonista en la junta de accionistas celebrada este viernes por BBVA en Bilbao. Por cuarto año sucesivo, hizo uso del derecho a intervenir de los accionistas para exigir al banco que "colaboren, de verdad" con la Justicia en el 'Caso Cenyt', investigación abierta al banco por la contratación de la empresa vinculado al ex comisario José Manuel Villarejo.
"Si no colaboran solo va a quedar una solución: que en el próximo Consejo de Administración, todos los consejeros que fueran anteriores a 2018 presentaran su dimisión y, por cooptación, el consejo completara, previo acuerdo con el Banco de España y con el BCE una nueva formación", argumentó el empresario, personado en el 'Caso Cenyt' y uno de los supuestos espiados por parte del banco a través de esas contrataciones.
La sustitución de consejeros es una demanda reiterada por parte del empresario que, de nuevo, ha solicitado que para el relevo de sillones se "deberían de tener en cuenta algunos de los miembros de las familias fundadoras y accionistas del banco" y a los que "fueron verdaderos ejecutivos que llevaron al éxito el banco", señalando. Para apuntalar esa queja deslizó que que la capitalización del banco está hoy en 40.000 millones cuando en 2001 alcanzaba los 50.000 millones.
"Si a eso descontamos la inflación que ha podido ser desde 2001 hasta 2023, podemos pensar que el banco tiene ahora una capitalización en términos reales del 70% en 2001", criticó.
El expresidente de Sacyr fue espiado, según los papeles de Villarejo, pero centró su crítica en la falta de colaboración del banco, al que elogió por volcarse con la crisis humanitaria que vive Turquía por el terremoto e, incluso, estimó que los 32 millones donados "han podido ser escasos ante una tragedia tan importante como esta".
Rivero hizo suyas las crítica de la Fiscalía para mantener el reproche y le afeó que, aunque "insiste reiteradamente" que colabora con la Justicia, "la verdad es que el banco sigue en este momento investigado" por trabajos contratados a la empresa del excomisario entre, al menos, 2015 y 2018.
El Ministerio Fiscal ha reprochado en algunos de sus documentos, según relató, que "tal colaboración es totalmente irreal, aproximándose más a una estrategia de distracción planificada".
