CaixaBank va a recurrir el impuestazo con que el Gobierno prevé recaudar 3.000 millones de euros en dos ejercicios con cargo a la banca, según fuentes financieras. La entidad, que soportará en solitario 400 millones solo durante 2023, argumentará contra la nueva tasa que es discriminatoria, es decir que no afecta a todas las entidades; resulta confiscatoria por la doble tributación y distorsionadora de la competencia en la Unión Europea (UE).
El tributo afecta solo a los bancos que operen en España y en 2019, antes de la pandemia del Covid, registraron ingresos a partir de 800 millones de euros. Supone, por tanto, que perjudica a las entidades nacionales de gran dimensión frente a jugadores extranjeros, entidades online o de menos dimensión, a las que pondrá en una mejor situación en términos de competencia.
Es el primero de los grandes bancos del que se despeja sus intenciones, aunque la inmensa mayoría de entidades financieras reconocieron que evalúan dar el paso o directamente que lo darán.
El sector, en conjunto, ya ha pasado, de hecho, a la acción a través de las patronales AEB (Asociación Española de Banca) y CECA (Confederación Española de Cajas de Ahorros) que a mediados de enero ya interpusieron sendos recursos contencioso-administrativos ante la Audiencia Nacional impugnando la orden ministerial, por la que se aprueban los modelos de declaración y pago anticipado del nuevo gravamen a la banca.
Su actuación es independiente de los recursos que preparen las entidades y está a la espera de recibir información de la administración para completar la actuación con la presentación de la demanda final.
En la banca, Bankinter dejó claro que recurriría el tributo al día siguiente de que entrase en vigor y una vez que han tenido que realizar el anticipo del pago con la cuantía correspondiente a este año (su abono debía ser antes del 20 de febrero). Junto a él, han desvelado haber dado el paso KutxaBank y Sabadell, y se esperaba que le secundarían poco después Abanca e Ibercaja.
La batalla judicial pueden acabar librándola la decena de entidades afectadas bajo argumentos similares y, previsiblemente, tomando además como base los argumentos expuestos por el propio Banco Central Europeo (BCE) para criticar su aprobación. El tributo consiste en una tasa del 4,8% sobre los ingresos generados en el negocio bancario por las entidades a través del margen de intereses y el cobro de comisiones en el negocio generado en España. La norma prohíbe, además por ley, trasladar o repercutir su coste a los clientes, algo que colisionaría con la normativa bancaria de la Autoridad Bancaria Europea (EBA), que obliga a las entidades a meter en precios todos los costes incurridos, incluido los fiscales.
En el dictamen que el BCE publicó el año pasado cuestionaba el propio gravamen y avisaba de que podría llegar a poner en peligro una transmisión fluida de las medidas de política monetaria. El organismo es contrario además a la creación de tasas con fines recaudatorios en sectores que no provocan externalidades negativas a la economía.
