La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones ha tomado medidas de control especial en la compañía de decesos Purísima Seguros para proteger los intereses de sus mutualistas y asegurados. El organismo vigila que no se adoptan decisiones o se aprueban operaciones fuera de la actividad ordinaria como podría ser vender o transferir activos o asumir algún tipo de endeudamiento que repercuta en el valor patrimonial de la compañía, según ha podido saber elEconomista.es.
Las medidas de vigilancia son paralelas a la apertura de un expediente de disolución administrativa, cuyo curso dependerá de cómo se desarrolla la situación en la compañía y si se encuentra o no solución a su desfase patrimonial o decide alguna operación corporativa.
La delicada situación de la aseguradora tropezó el 30 de junio con la negativa de sus mutualistas a iniciar la disolución voluntaria planteada por su directiva y a buscar una operación corporativa con una aseguradora más solvente que le permitiese salir del bache.
También rechazaron el informe de gestión y las cuentas correspondientes al ejercicio 2021 y nombrar a nuevos miembros de la junta directiva. La compañía quedaba así a expensas de la disolución forzosa o encontrar "alternativas de viabilidad", dependiendo, según sus gestores, de los requerimientos del regulador.
La mutua, especializada exclusivamente en seguros de decesos, cuenta con 120.000 mutualistas y encara una situación de desequilibrio patrimonial. Al cierre de 2021 acusaba un déficit de 47 millones de euros, que en su origen ascendía a 69,8 millones y que se aplicó contra las cuentas del pasado ejercicio 2021.
120.000 mutualistas
Purísima Concepción, Mutualidad de Previsión Social fue fundada en 1.436 como archicofradía religiosa, y sería en 2005 cuando se constituye como mutualidad. Será en 2008 cuando se genera el desfase patrimonial al integrar los bienes y obligaciones de la Archicofradía de la Purísima Concepción, al estar derivado de los compromisos adquiridos con los archicofrades, pero no dotados conforme a la normativa aplicable en ese momento de una compañía de seguros de decesos.
Para ello la sociedad adoptó un plan de adaptación de la provisión que se quedó obsoleto, subiendo el déficit tras adecuar las hipótesis contables y del plan.
En el informe auditado correspondiente a las cuentas de 2021, Deloitte avisaba de que la situación "podría dar lugar a la adopción de medidas de control especial", como las adoptadas por la Dirección General de Seguros, y alertaba de que el desfase patrimonial situaba a la compañía "en causa de disolución" y con dudas sobre su capacidad para continuar operando.