La banca vuelve a ser señalada a raíz de un problema de país con riesgo de pasarle doble factura económica y en su vulnerable reputación. El inesperado impuesto anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para recaudar 3.000 millones en dos años con los que financiar medidas sociales para ayudar a colectivos vulnerables a encarar la situación creada por la guerra de Rusia coloca al sector en el disparadero desde múltiples ángulos.
De un lado, le pone de lleno como excusa o argumento para la guerra dialéctica política que vuelve a desenterrar el discurso de que tiene que ayudar porque fue rescatado en la anterior crisis (poco o nada se matiza que las mayoría de entidades auxiliadas se habían asomado al precipicio, precisamente, por continuas injerencias políticas en su gestión).
Desde el foco más económico, sobran avisos de expertos de que la tasa la acabará pagando el consumidor vía restricción de la financiación o su encarecimiento ya que llega cuando se espera un auge de la morosidad por el freno económico que inducirá la subida de tipos para sofocar los precios.
Y mientras tanto el accionista ve como su inversión se hunde, con pérdidas acumuladas en bolsa por en las entidades cotizadas que duplican los 3.000 millones de recaudación pretendida. S&P Global Ratings estimó ayer que el tributo detraerá alrededor del 12% del beneficio del sector en un cálculo conservador donde otros elevan el bocado al 35%, sin saber aún el detalle porque su diseño está en elaboración cuatro días después de haberse anunciado.
No es la primera vez que la banca se había visto amenazada por la creación de un tributo 'ad hoc' para sufragar gastos sociales. Sánchez recoge, de hecho, una vieja reivindicación del socio de coalición Unidas Podemos que da pábulo a la interpretación política de que es un giro a la izquierda con estrategia electoral. El problema para la industria -y para el consumidor según expertos- es el suma y sigue, ya que desde la crisis financiera ha sido el sector señalado por los Gobiernos para costear a su cargo, con diferentes medidas, constantes soluciones sociales para la población.
Hoy su contribución fiscal efectiva en el impuesto de sociedades supera, de hecho, el 24% frente al 21% del conjunto de las empresas porque en 2015 fue el sector, junto al energético, que se quedó fuera de la rebaja del 30 al 25% en el impuesto de sociedades. Entre las dos grandes crisis, los Gobiernos del PSOE y PP que se han alternado en la Moncloa han creado la 'Tasa Tobin' y un tributo sobre los depósitos, y obligaron al sector a ceder los pisos para el fondo social de la vivienda o crear la Sareb con aportaciones en su capital entre otras medidas.
El Gobierno pide ahora la nueva tasa con cargo a la ganancia 'extraordinaria' que obtendrán con la subida de tipos. El giro del Banco Central Europeo (BCE) para doblegar la desmadrada inflación será normalizar la política monetaria como recuerda el sector tras una década de la anomalía de tipos negativos, pero también puede espolear sus márgenes más de lo previsto si la intensidad del alza de tipos, como se teme, excede las previsiones iniciales y que es lo que el Gobierno insinúa con esa explicación de resultado "extraordinario".
Al margen de si puede o debe contribuir y si es o no devolver un apoyo recibido, es delicado colocar al sector que financia la economía en desventaja frente a la banca de otras jurisdicciones o en una incertidumbre regulatoria porque amenazaría su atractivo como inversión del que depende también que las entidades capten fondos para prestar. De ahí, como mínimo, la importancia de lograr el diseño "riguroso" que promete el Gobierno del dudoso tributo.
