El golpe de efecto buscado por Pedro Sánchez, con el anuncio en el Congreso del impuesto a la banca, sin compartir antes sus intenciones con las entidades, ha sembrado desconcierto y desconfianza en un sector en el que se ha apoyado de manera especial para ayudar a ciudadanos y empresas a encarar la desafiante situación originada por el Covid-19. Nada más declararse la pandemia y decretar el estado de alarma, altos cargos del Ejecutivo como la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, llamaron personalmente a los principales banqueros para solicitar que mantuviesen abiertas las sucursales, y se instó su máxima contribución en la concesión de financiación avalada por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) con el objetivo de evitar quiebras masivas de negocios por falta de liquidez.
España colocó así la banca entre los llamados servicios esenciales junto con las prestación sanitaria, alimentación, seguridad, transportes, reparaciones y averías urgentes o servicios de recogida, gestión y tratamiento de residuos, entre otros.
La instrucción fue no dejar desabastecido ningún municipio con red física, lo que supuso mantener abierto al público casi el 40%-50% de la red de oficinas en muchas entidades en una operación logística en la que, como en el resto de servicios esenciales, obligó a improvisar protocolos de seguridad, rotar plantillas y reforzar al máximo la provisión de fondos para evitar desabastecimientos en los cajeros automáticos.
La financiación avalada por el ICO -unos 140.000 millones movilizados- ha resultado a su vez clave, según el propio Gobierno, para evitar el colapso del tejido productivo y despidos masivos; sin que su logística resultase menos desafiante, ya que atendieron miles de operaciones en poco tiempo con sistemas del organismo oficial, incluso, sin una capacidad probada para el ingente reto.
En los momentos más críticos, el Gobierno se dirigió a todas las industrias con los ministros del ramo volcados en pedir, incluso, favores personales a los primeros ejecutivos de las grandes compañías para ver cómo podían contribuir para encarar la crisis sanitaria y social, siendo el despliegue de la banca al unísono. El propio sector acordó, por ejemplo, adelantar el ingreso de prestaciones (desempleo, pensiones, etc.) y adoptó moratorias en el pago de hipotecas y créditos más ambiciosas que las impuestas por el Gobierno.
El inesperado anuncio torpedea esa relación. A fecha de ayer, la banca seguía sin recibir explicaciones oficiales sobre el tributo y cómo se aplicará pese al fuerte castigo infligido por una bolsa que descuenta una menor rentabilidad y dividendo. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, explicó en entrevista con RNE que se reunirá con patronales y bancos la próxima semana, cuando Hacienda tenga afinada la nueva figura fiscal.
