Las empresas se movilizan para evitar que Basilea III acabe pasándoles factura en forma de un encarecimiento del crédito al exigir mayores huchas de capital a las entidades financieras y han urgido al Gobierno que pelee en la Unión Europea (UE) una regulación menos perjudicial. En su defecto, alientan conseguir excepciones temporales 'made in Spain' si es preciso como las logradas por algunos países europeos para su banca con el objetivo de facilitar la transición "mientras el mercado se adapta" a la nueva regulación.
Su demanda la formulan en sendas cartas dirigidas al director general del Tesoro y Política Financiera del Gobierno, Pablo de Ramón-Laca, y al director del gabinete del gobernador del Banco de España, Fernando Navarrete, firmadas por el secretario general de Asset, Luis Calaf. Esta asociación, de directores financieros, reúne en su seno a más de 500 responsables financieros y de tesorería de compañías como Telefónica, Iberdrola, Repsol, Endesa, Coca Cola, Indra, Naturgy, Renfe, Cepsa, Orange o Ferrovial.
La misiva, enviada el pasado día 16, alerta de que penalizar a la banca europea y no solo española con mayores recargos acabará traslado al precio de su financiación con riesgo de restringir el flujo. "Para mantener el mismo nivel de capital, los bancos de la UE necesitarán con esta normativa un importe ingente adicional que, muy posiblemente, no se alcance con lo que las restricciones de líneas y el incremento de costes serán seguros", denuncian.
El texto regulatorio está abierto en Europa para completar el marco de capital Basilea III aprobado en 2010, pero rebautizado como 'Basilea IV' al incorporar novedades tras las últimas crisis que endurecen los recargos a la banca para que sea más resiliente. Su adopción lineal penalizaría particularmente al crédito en Europa porque la banca es el principal financiador a diferencia de lo que ocurre en países como Estados Unidos o Reino Unido donde el recurso a fuentes alternativas como los mercados de deuda es muy superior.
Las empresas advierten al Gobierno de que, de no suavizarse su articulado, pasará una factura cierta a las pymes y en instrumentos necesarios para invertir, salir al exterior o exportar. "Los impactos colaterales de un mal tratamiento de las operativas descritas ser verán, sin duda, en la economía real e impactará a la competitividad de nuestras empresas", avisa.
Las gran perjudicadas: las pymes
La razón para alertar es que exigirá mayores huchas de solvencia si el cliente carece de ratings crediticios externos, algo que afecta directamente a la financiación con los pequeños negocios siendo España y la economía en más del 90% tejido pymes.
En concreto, trasladan alta preocupación por los productos financieros de 'trade finance' que ayudan a las empresas a comprar y vender sus productos y servicios para "mitigar" los riesgos comerciales, pero no solo. Asset avisa que también serán necesarios para respaldar proyectos de inversión tras la pandemia y, de manera específica, para aquellos que buscan conseguir las políticas de la UE en materia de clima, energía, transporte o reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Bajo este ámbito figuran las cartas de crédito de importación y exportación, los préstamos para tales fines, avales, etc.
En la normativa en tramitación la UE establece un parámetro (CCF o factor de conversión del crédito) del 50% para garantías técnicas que, en síntesis, se traducirá en mayor consumo de capital. "Nuestro interés es que el mismo se limite al mínimo propuesto por la UE, es decir, al 20%", sugieren los directores financieros. Abogan por lograr además que Basilea siga considerando las posiciones de 'trade finance' como riesgo a corto plazo y no a largo como pretende porque así también aliviaría la carga de solvencia de la banca.
"El tratamiento de estos proyectos a efectos de regulación bancaria está lejos de ser óptimo"
Similar es el riesgo que atisban en financiaciones de 'proyect finance' utilizados para proyectos de infraestructuras, ya que se tratan como riesgos altos. "El tratamiento de estos proyectos a efectos de regulación bancaria está lejos de ser óptimo al alejarse de estimar la calidad y riesgo real de los proyectos", indica la misiva.
Entre sus demandas figura también suavizar una parte de la norma que entró en vigor en 2021 y que puede disparar el precio de los derivados que las empresas usan de manera profusa para cubrir riesgos financieros ligados a tipos de cambios, de interés o de materias primas, y mitigar su volatilidad en balances o resultados. Aquí reclaman adoptar la solución aplicada en Estados Unidos, que neutraliza ese recargo de capital.
CEOE reclama a la Comisión Europea
Su iniciativa tiene lugar además al tiempo que la CEOE ha aprovechado la negociación del paquete bancario, que debería aprobarse en octubre, para urgir los cambios a la Comisión Europea. En sus alegaciones también subraya que el grueso del tejido productivo español son pymes y una restricción del crédito cuando aún debe recuperar la actividad perdida por la pandemia del Covid amenaza también el empleo que generan.
Aunque la norma será de aplicación general en Europa, su efecto podría ser superior en las entidades españolas porque suelen utilizar 'modelos estándar' de medición de riesgos. Los bancos grandes pueden construir sus redes de capital en función de sus propias experiencias de impagos si el supervisor les valida usar 'modelos internos' y la normativa en tramitación reconoce estos sistemas en varios supuestos para aliviar la exigencia de capital.
