Jefe de redacción y periodista con una dilatada trayectoria en medios económicos. Inicie mi carrera en la Cadena SER y he trabajado también en Cinco Días y Expansión. Fui miembro fundador de El Economista en 2006 y tengo un master en Marketing Digital y Comercio Electrónico por EAE Business School.

La UCO implica a Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, en el amaño de obra pública a cambio de mordidas. El informe realizado por la Guardia Civil y que ha provocado ya la dimisión de Santos Cerdán, hasta ahora secretario de Organización del PSOE, revela varias conversaciones que dejarían en entredicho la gestión de la directiva.

Falta de control en los créditos otorgados a las pymes por parte de la Empresa Nacional de Innovación (Enisa), una sociedad estatal dependiente del Ministerio de Industria y Turismo. De acuerdo con un informe del Tribunal de Cuentas, un 30,8% del importe invertido en 2023, el ejercicio que se ha fiscalizado, se corresponde con créditos fallidos o que acaban judicializados.

Frenar la exportación de chatarra y evitar la salida masiva hacia Asia de una materia prima imprescindible para el sector metalúrgico. Eso es lo que está intentando European Aluminium, la patronal europea de los productores de aluminio, que ha acordado solicitar a Bruselas la imposición de un arancel del 30% para la venta hacia al exterior, una tasa que se aplicaría a todos los países y a todo tipo de chatarra.

Las conversaciones entre el asesor del exministro Ábalos, Koldo García, y el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, destapan una posible manipulación de las elecciones primarias de 2024, en las que fue elegido secretario general Pedro Sánchez.

"El hijo de puta del Santos se ha quedado con dinero que lo ha hecho delante de mía". Esa es la afirmación que hace Koldo García en una conversación con el exministro José Luis Ábalos sobre las supuestas mordidas que se habría llevado el exsecretario General del PSOE, Santos Cerdán, según se desprende de las intervenciones de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. El pago de las supuestas comisiones, de acuerdo a los agentes, involucra además a Acciona, quien habría hecho estos pagos a cambio de obra pública. Esto, de hecho, figura en las conversaciones intervenidas en las que ambos investigados y el propio Cerdán hablan sobre la deuda que varias empresas adjudicatarias habían contraído supuestamente con ellos.

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha investigado más de una docena de adjudicaciones públicas por el cobro de mordidas por parte del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, según consta en un auto dentro del sumario del 'caso Koldo'. De acuerdo además a la documentación que presentó el comisionista, Víctor de Aldama, ante el Tribunal Supremo, y el último informe de la Guardia Civil, los contratos -adjudicados entre los años 2018 y 2021- están bajo sospecha, sobre todo, porque la mayoría fueron dados a tres empresas relacionadas con el exasesor de Ábalos, Koldo García.

La UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, ha implicado al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en el supuesto cobro de mordidas a cambio de obra pública. Una conversación intervenida al exasesor Koldo García en la que participan el exministro José Luis Ábalos y el propio Cerdán revela que los tres hablaron sobre la deuda que varias empresas adjudicatarias habían contraído supuestamente con ellos.

La posible imposición de aranceles por parte de Estados Unidos a los vinos europeos ha hecho saltar las alarmas en el sector. Aunque se mantiene todavía la incertidumbre, la preocupación es máxima y las empresas no han dudado en dirigirse a Bruselas para pedir contención y agotar la vía diplomática.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJ) ha ordenado a la Oficina de Conflictos de intereses, dependiente del Gobierno y adscrita a la Secretaría de Función pública, investigar la actuación de Pedro Sánchez y su esposa, Begoña Gómez, en el rescate de Air Europa. La decisión de los magistrados se produce tras la admisión del recurso presentado por el Partido Popular en contra de lo dictaminado por la propia Oficina de Conflictos de Intereses, que instaba a archivar las diligencias.