El Real Decreto 93/1997, de 24 de enero, por el que se aprueban las normas complementarias del Reglamento Hipotecario en materia urbanística, supuso en su momento un importante avance en la sistematización de las operaciones urbanísticas que accedían al Registro de la Propiedad.
Por mucho tiempo, el derecho a una vivienda digna fue percibido en España como una declaración de principios, más que como una herramienta jurídica real para proteger a quienes sufren situaciones de vulnerabilidad. Sin embargo, en los últimos años, este enfoque ha empezado a cambiar.
Han transcurrido veintiocho años desde la entrada en vigor del Real Decreto 93/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento Hipotecario en materia de urbanismo.
La Comunidad de Madrid se prepara para un impulso histórico en la construcción de viviendas. Un reciente informe de la patronal de promotores inmobiliarios Asprima revela que hay planes urbanísticos en marcha para levantar más de 278.000 nuevos hogares en la región en los próximos años.
El Real Decreto 1312/2024, de 23 de diciembre de 2024, establece un marco legal pionero en España para regular los alquileres turísticos de corta duración. Con esta norma, España implementa el Reglamento (UE) 2024/1028, situándose entre los primeros países europeos en regular este tipo de arrendamientos.
En el año 2025, las ciudades enfrentan desafíos sin precedentes que requieren soluciones innovadoras y holísticas. Entre los factores cruciales para el desarrollo urbano se encuentran tanto la inteligencia racional como la inteligencia emocional.
El liberalismo, entendido como una corriente política que aboga por la defensa de las libertades individuales, los mercados abiertos y la limitación del poder estatal, ha tenido distintas interpretaciones y aplicaciones en diferentes contextos. Tres figuras públicas destacadas que, de diversas maneras, han sido asociadas con este enfoque neoliberal, son Donald Trump, Javier Milei y Elon Musk.
Recientemente, el barómetro de Eurostat ha revelado que el principal problema que preocupa a los ciudadanos europeos, incluyendo a los españoles, es el acceso a la vivienda. Esta inquietud ha superado otras preocupaciones como el desempleo y la situación económica, reflejando así la urgencia del asunto.
El derecho de propiedad, reconocido en el artículo 33 de la Constitución Española, ha sido tradicionalmente considerado una garantía para el acceso a la vivienda. Sin embargo, la reciente jurisprudencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha matizado esta relación, especialmente en el contexto de la crisis inmobiliaria y la necesidad de proteger a los inquilinos. Entre los aspectos clave de la jurisprudencia reciente, podemos destacar los siguientes:
Nos encontramos en una situación en la que se necesitan 350.000 viviendas para un alquiler social, y 1.000.000 de viviendas asequibles para que puedan ser adquiridas por parte de los ciudadanos españoles.