Antonio Durán-Sindreu Buxade

Profesor de la UPF y Socio Director DS. Columnista de Ecoley
Antonio Durán Sindreu

Mientras que los responsables políticos viven ajenos al impacto de un ERTE y cobran mensualmente su nómina, el sector privado vive inmerso en una dramática situación que día a día se extiende de forma irremediable.

El gravamen sobre la riqueza está en el punto de mira de la actual Ministra de Hacienda. Las opciones son varias; pero, como novedosa, quisiera apuntar la que estamos valorando conjuntamente con el Catedrático de la UPF, Guillem Lopez Casanovas. Se trata de un impuesto que grave el patrimonio no productivo del que son titulares las personas jurídicas y cuyo uso o disfrute esté cedido a sus socios o accionistas.

Antonio Durán-Sindreu Buxade

Lo siento, pero tengo la necesidad de volver a reflexionar con relación al impuesto sobre las hipotecas. Entre otras razones, porque me equivoqué en mi pronóstico, aunque acerté en que un nuevo cambio de criterio obligaba a una inminente intervención del legislador. Pero vayamos por partes.

Antonio Durán-Sindreu Buxadé

Soy consciente de que se ha publicado mucho al respecto. Pero no puedo resistirme a reflexionar sobre determinadas cuestiones que la sentencia sobre las hipotecas ha suscitado. La cronología de los hechos, recordémoslo, es la siguiente.

Antonio Durán-Sindreu

Parece, en ocasiones, que la única finalidad de los impuestos es la de recaudar. Y aunque este es su objetivo material, hay que recordar que no es su objetivo social. Su razón última es la de reducir las desigualdades sociales a través de un sistema tributario justo, circunstancia, esta, que se olvida con frecuencia. Este es el caso, por ejemplo, del último paquete de medidas fiscales aprobadas por el Gobierno que parece perseguir, tan solo, la recaudación necesaria para ajustarnos a los compromisos de Bruselas. Parece, así, que nuestro problema sea tan solo a corto plazo. Craso error. Baste recordar que el importe de nuestra deuda pública compite en igualdad con el de la cifra de nuestro PIB y que ya son muchos los años de déficit presupuestario.

Opinión | Antonio Durán-Sindreu Buxadé

Los papeles de Panamá parecen haber revolucionado el ya muy convulso panorama de nuestra fiscalidad. Pero, ¿cuáles son en España sus consecuencias tributarias prácticas? La respuesta a esta pregunta exige recordar la última de las "amnistías fiscales" y las reformas fiscales en materia de lucha contra el fraude.

Antonio Durán-Sindreu

La Comisión Europea (CE) ha iniciado un procedimiento de infracción contra España por la obligación de declarar bienes en el extranjero. El problema es muy sencillo. Imaginemos que un contribuyente residente en España tiene, en Andorra, una inversión financiera que adquirió en su día por 1.000.000 de euros; inversión que el contribuyente no ha declarado en el conocido como modelo 720. Supongamos, también, que esa inversión se ha financiado con rentas no declaradas procedentes de periodos ya prescritos. Pues bien; de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley del IRPF, estamos en presencia de una ?ganancia de patrimonio no justificada? que se ha de integrar en la base liquidable general del periodo impositivo más antiguo entre los no prescritos. En definitiva, se trata de una inversión que, por el mero hecho de no haberse presentado la correspondiente declaración informativa, se convierte en una renta imprescriptible, esto es, que a pesar de que se pueda acreditar que la inversión se ha financiado con rentas no declaradas de periodos prescritos, esta ha de tributar como un ingreso normal. Y ha de tributar por el mero hecho de no haberse presentado en plazo el modelo 720.

Antonio Durán-Sindreu

En nuestros anteriores artículos sobre fraude fiscal y educación, concluíamos que la educación es la clave para que la sociedad asuma convencida la naturaleza ética de no pocas obligaciones, como la de pagar impuestos.

Antonio Durán-Sindreu Buxadé

En nuestro artículo, Fraude fiscal y educación (1), concluíamos que la educación es la clave para que la sociedad asuma convencida la necesidad de un compromiso social y la naturaleza ética de no pocas obligaciones, como la de pagar impuestos. La educación, así entendida, es pues esencial, decíamos, para luchar contra el fraude. Es, por tanto, la primera y más importante inversión a realizar.