Redactora de investigación y tribunales en elEconomista. Licenciada en Periodismo y Comunicación audiovisual por la Universidad Rey Juan Carlos. Amante de la veracidad y la comunicación.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha rechazado la nulidad del caso Gaslow, por el que se investiga un presunto fraude del IVA de hidrocarburos, asegurando en un auto que "este procedimiento se ha desarrollado sin viso alguno de ilegalidad o manipulación" por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) batió de nuevo récord de ingresos y beneficios en 2024. La compañía pública obtuvo un beneficio neto de 2.437 millones de euros a cierre del ejercicio, lo que supuso un incremento del 11,3?% respecto a los 2.188,7 millones cosechados un año antes. En la misma línea, Selae creció un 4,4% en facturación, hasta 10.396 millones, consolidando una tendencia al alza que continúa de forma imparable desde 2021 tras la pandemia por el Covid.

Hafesa, la compañía que protagonizó en abril de 2019 la mayor operación del fraude del IVA con el gasóleo en la llamada Operación Drake, y que ha vuelto a ser actualidad por los audios entre su propietario, Alejandro Hamlyn, y Leire Díez, la enviada del PSOE para desprestigiar a la UCO, crece con fuerza tras años bajo investigación.

Have Got Time, la empresa ligada a la trama de hidrocarburos controlada por Claudio Rivas y Víctor de Aldama, investigada por haber comprado presuntamente un chalet para el exiministro José Luis Ábalos en la urbanización de La Alcaidesa (Cádiz), logró beneficios fiscales por parte de Hacienda. Según consta en el Informe de la Administración Concursal, al que ha tenido acceso elEconomista.es, la sociedad “fue generando una deuda con la Agencia Tributaria de más de 66 millones de euros, como consecuencia de los sucesivos aplazamientos de IVA solicitados en cada una de las declaraciones a ingresar”.

La filial española del grupo estadounidense General Dynamics, Santa Bárbara, planea expandir su cadena de suministro a Aragón, País Vasco y Cataluña con el objetivo de ampliar sus capacidades. La compañía, que ha explicado su plan estratégico en un encuentro con los medios, prevé aumentar un 73% su producción para pasar de los 315 vehículos militares anuales a los 565 previstos para 2030 y protegerse así de los pasos de Indra, pero necesita aún de la aprobación del Gobierno.

La Agencia foral de Vicaya concedió hasta doce aplazamientos de pagos fiscales de casi 175 millones de euros a distintas sociedades del Grupo Hafesa, la compañía presidida por el investigado Alejandro Hamlyn y que pidió ayuda a la enviada del PSOE, Leire Díez.

Delivery Hero, la empresa alemana propietaria de Glovo, ha duplicado en el último año sus provisiones para afrontar posibles multas. De acuerdo con el último informe anual del grupo, el importe reservado para litigios y riesgos legales se elevaba a 900 millones de euros al cierre de 2024, frente a los 466 millones con los que contaba en 2023. El problema del grupo es que el importe de las sanciones puede superar incluso esa cifra y elevarse por encima de los 1.340 millones de euros.

Loterías está decidida a impulsar la venta online centralizando todas las operaciones, aunque eso suponga arrebatar el negocio a las administraciones. La sociedad pública Loterías y Apuestas del Estado (Selae) admite en su último informe anual que la venta a través de su propia plataforma de juego en Internet supone un 2,84% de las ventas globales de la compañía y 2 millones de jugadores registrados, “muy lejos aún de los canales online de las principales Loterías de Europa, como Française des Jeux (FdJ, en Francia) o Camelot (Reino Unido)”.

La Intervención General de la Administración del Estado, dependiente del ministerio de Hacienda, ha detectado irregularidades en seis contratos públicos adjudicados a Innova Next, una empresa del socio de Begoña Gómez, Juan Carlos Barrabés. De acuerdo a la documentación, las adjudicaciones se otorgaron en procedimientos con "escasa concurrencia" de licitadores, en base a sistemas valorativos con "deficiencias significativas" y respaldadas por cartas de recomendación firmadas por la esposa de Pedro Sánchez.