El Banco de España matiza su opinión sobre la intervención del mercado del alquiler. Mientras que en anteriores informes alertaba de que medidas como el control de precios podrían mermar la seguridad jurídica y reducir la oferta, ahora justifica la intervención pública. Concretamente, la entidad apunta que "un elevado esfuerzo asociado al alquiler de vivienda puede dar lugar a efectos económicos y sociales adversos que justifican la intervención pública".