Zaragoza
La organización empresarial ha pedido que se facilite a las pequeñas y medianas empresas y trabajadores por cuenta propia el acceso a estas convocatorias, así como que se exija en los pliegos la justificación del pago a las subcontratas.
Estos son los dos ejes principales de la propuesta de cláusula social a favor de las pymes y los autónomos para incluir en los pliegos de la contratación pública presentada por CEPYME Zaragoza ante los problemas que tienen para acceder a estos procesos.
El acceso a la información, el desconocimiento de los procesos de licitación, la carga administrativa excesiva o el coste de preparación de ofertas hacen inaccesible el mercado de la contratación pública para pymes y autónomos y las convierte, en la mayoría de los casos, en subcontratas de grandes corporaciones.
Además, en la actualidad, la Ley de Morosidad contempla un plazo de pago de 60 días y, sin embargo, tanto grandes empresas como muchas administraciones están superando estos tiempos, provocando que pymes y autónomos tengan su estructura financiera y solvencia débil y dependan exclusivamente de los ahorros del empresario.
"Cuando una gran empresa o una Administración Pública traslada el plazo de pago está ocasionando un roto a las pymes y los autónomos", ha afirmado María Jesús Lorente, presidenta de CEPYME Zaragoza. "Nos obliga a buscar financiación a los bancos que, además, no ofrecen las mismas condiciones para pequeñas que para grandes empresas".
Retraso en los pagos
CEPYME Zaragoza ha criticado la práctica perniciosa de algunas grandes empresas de usar la mora o el impago al subcontratado como fórmula de financiación, retrasándoles el pago debido o directamente condicionándolo al cobro por la contratante del precio final del contrato. La organización empresarial también ha denunciado que esto les convierte injustamente en partícipes del riesgo y ventura de una operación de la que solo eran parte ajena.
La organización empresarial ha pedido que las Administraciones Públicas y órganos de contratación ejerzan, en cualquier caso y en todo tipo de modalidad contractual, la facultad prevista en el artículo 217 de la Ley de Contratos del Sector Público de comprobación del cumplimiento de los pagos que los contratistas adjudicatarios de los contratos públicos hagan a todos los subcontratistas o suministradores que participen en los mismos. Además, ha solicitado que esta exigencia se incluya como condición necesaria y previa para el pago al contratista.
CEPYME Zaragoza ha instado a la Administración a aplicar a todos los contratos y pliegos de la Administración una cláusula de responsabilidad social, similar a las que actualmente se incorporan a los pliegos relacionados con la diversidad, igualdad, calidad o excelencia y, que en caso de incumplimiento, conllevara explícitamente una penalización o inhabilitación temporal para el acceso a contratación pública.
"La única manera de que las pymes y los autónomos accedamos a la contratación pública es actuando como subcontratistas, por lo que pedimos que la Administración exija el cumplimiento de los pagos por parte de los contratistas en tiempo y forma para evitar que las pymes terminen ahogadas", ha concluido Lorente.
