Las 50 medidas recogidas en el último Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, no ha solucionado los problemas de los autónomos para acogerse al cese de actividad como consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19 al no flexibilizarse sus límites.
"Los límites son poco flexibles", ha afirmado Álvaro Bajén, secretario general de UPTA Aragón, en relación al cese de actividad al establecerse una reducción del 75% de los ingresos en comparación con el mes anterior a la solicitud y en relación al semestre anterior que se ha establecido para que los autónomos puedan acogerse y percibir alrededor de 661 euros en un mes si se cotiza por la base mínima.
Un porcentaje -el 75%- que desde UPTA Aragón se ha venido criticando en reiteradas ocasiones porque "es un despropósito", ya que en los 15 días del mes de marzo sin actividad es difícil que los autónomos hayan registrado una caída de ingresos del 75% al haber trabajado medio mes.
Sin la flexibilidad de este límite "será difícil que los autónomos puedan acogerse al cese de actividad", ha afirmado Bajén, quien ha incidido en que se debería rebajar hasta el 40% ó el 50%. "
"Vamos a exigir flexibilidad en el cese de actividad. No se apoya a los autónomos que pierden ingresos" en relación sobre todo al paquete de medidas aprobadas desde el Gobierno central -el último Real Decreto-ley recoge un total de 50 en sus 88 páginas-, pero siguen sin abordarse "cuestiones esenciales".
La reducción de este límite del 75% para el cese de actividad al 40% o al 50% quedaría justificado porque es, precisamente los que se establecen para acogerse a la moratoria para el pago de la hipoteca y que se aplicaría a las personas que están en situación de vulnerabilidad.
En cuanto a la moratoria en el alquiler, desde UPTA Aragón han explicado que "por la lectura hecha, entendemos que la moratoria es para situaciones de vulnerabilidad, pero no para los locales de negocios". No obstante, en materia de vivienda, ha matizado que sí se entiende que se deja la puerta abierta a los autónomos que tengan su actividad en su domicilio habitual.
La flexibilidad en el cese de actividad no es la única medida en la que ha incidido UPTA Aragón, que también ha vuelto a reiterar la necesidad de que se pongan en marcha lo que ha denominado como 'bonos vacuna', que consistirían "en ingresos directos a autónomos, pymes y consumidores en situación de vulnerabilidad" por un importe que podría rondar entre los 900 y 950 euros.
"Es un bono para sostener la liquidez de los autónomos y para que, cuando acabe la situación generada con el COVID-19, se mantenga la actividad y el empleo", ha señalado Bajén, quien ha explicado que este bono debe vincularse a que el autónomo mantenga el empleo un año.
Una medida sobre la que ya se ha empezado a trabajar en algunas comunidades autónomas, siendo también las autonomías las que deben hacer un esfuerzo junto con los ayuntamientos para que, "con unidad", luchar por que desde la Unión Europea "no nos lleve a más endeudamiento, sino a flujos económicos para autónomos y pymes". Es una medida que ha defendido y justificado porque ya se aplicó al sector bancario en España.
Desde UPTA Aragón también se ha insistido en que hay que trabajar en planes de choque estratégicos "para salvar la economía y no solo para las grandes empresas, sino para las pymes y autónomos" con el fin de evitar que se pierda un tejido económico que quedará en situación de marginalidad, lo que conducirá a un problema socio-económico.
En este sentido, ha recordado que países como Estados Unidos o México están planteando medidas de liquidez para el tejido empresarial.
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