Zaragoza
Los directivos aragoneses creen que no son suficientes las medidas implementadas en materia de financiación y de avales. Además, el 87,5% de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo que se han resuelto no han sido autorizados.
Los directivos aragoneses han mostrado su preocupación por las medidas económicas planteadas desde el Gobierno central para paliar los efectos de la crisis sanitaria y económica del COVID-19. Una inquietud que han mostrado a través de la encuesta realizada por la Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón (ADEA), que ha recibido en 142 respuestas en dos días.
En estas respuestas, los directivos aragoneses han dejado clara su inquietud tanto por las medidas planteadas por la moratoria fiscal como por la financiación y avales y los ERTEs.
En materia de moratoria fiscal en el pago de las obligaciones fiscales en el período del 13 de marzo al 30 de mayo, el 72,1% de los directivos aragoneses considera que las medidas son insuficientes frente al 27,9% que opina que son acertadas. Además, un 80,4% no está de acuerdo en que se mantenga la obligación de mostrar las próximas liquidaciones en el mes de abril.
Dentro de las diferentes medidas planteadas en este campo, se rechaza por la mayoría -el 73,2%-, la liquidación trimestral del IVA (modelo 303). También se consideran insuficientes en el 71,4% las retenciones e ingresos a cuenta, así como los pagos fraccionados-IRPF (67,9%) y los pagos a cuenta en el Impuesto de Sociedades (67,9%).
En materia de financiación y de avales, el 54,9% también considera que las medidas planteadas son insuficientes. En concreto, el 74,1% no cree suficientes las disposiciones en materia de obtención de financiación para atender a las necesidades actuales, mientras que el 67,3% ve insuficiente la dotación de 20.000 millones de euros como "primera línea" de avales para garantizar la liquidez de autónomos y pymes. La situación cambia al ser preguntados por los porcentajes de cobertura del aval: el 76,4% los considera adecuados.
La encuesta igualmente ha recogido la inquietud de los directivos aragoneses en materia de los ERTEs. El 52,2% no ha realizado ni se ha visto afectado por una solicitud de expediente de regulación temporal de empleo frente al 47,8% que afirma que "sí". En cuanto a su autorización en aquellos casos en los que sí se han visto afectados, el 91,2% señala que no ha sido resuelta la autorización. En el 8,8% restante, cuya resolución se ha producido, la petición ha sido denegada en el 87,5%. Sólo el 12,5% ha sido autorizado.
Los directivos aragoneses han pedido "medidas serias" como por ejemplo las que se están planteando en países como Francia o en Alemania, ya que consideran que, si no se toman, la pérdida de trabajos de la "crisis inmobiliaria va a ser una broma comparada con ésta". Además, creen que existe un "gran riesgo de que alguna pyme no pueda volver a abrir su negocio", especialmente en sectores cuya actividad está muy relacionada con la estacionalidad como la hostelería o el turismo, entre otros.
Entre otras peticiones, los directivos aragoneses han afirmado que "a situaciones excepcionales, soluciones excepcionales", además de solicitar información para tramitar las ayudas porque "en las actuales circunstancias van a existir muchos problemas técnicos, además de los económicos".
Preocupación a su vez han mostrado por que la tramitación de préstamos para pymes y autónomos podría demorarse demasiado y no llegar a tiempo para atender las necesidades urgentes de supervivencia de las empresas que han visto interrumpida su actividad por causas ajenas a la propia evolución de su negocio, mientras se debe seguir haciendo frente al pago de alquileres, gastos corrientes, nóminas...
Los directivos aragoneses han planteado propuestas como "un medio para evitar presentar un aluvión de liquidaciones en el mes de abril" o "ampliar la solicitud de aplazamiento de pagos hasta los seis meses, sin intereses, y poderlo alargar hasta 12 meses con intereses bonificados".
Además, han indicado que son necesarias más medidas de la Unión Europea y han solicitado "una línea de ayudas directas a empresas, ERTEs, moratorias en el pago de créditos y alquileres, sufragada con deuda pública del Banco Central Europeo, que debería comprometerse a comprar".
Finalmente, han dirigido críticas a la gestión de esta crisis por parte del Gobierno por "poner en peligro la salud y la economía en nuestro país", aparte de denunciar que "España no ha realizado los deberes en los últimos años".
