Zaragoza
La entidad y los representantes sindicales han mantenido hoy una nueva reunión dentro del período previo que se establece en el convenio colectivo para la negociación del ERE que Ibercaja ha planteado para 550 trabajadores y que conlleva el cierre de 160 oficinas. Los sindicatos piden la retirada de la propuesta inicial de la empresa y plantean una serie de medidas acordadas por unanimidad por la parte social, que son básicas para alcanzar un acuerdo en la negociación.
Este planteamiento unánime de los sindicatos presentado a Ibercaja recoge principalmente tres medidas que son "irrenunciables" para alcanzar un acuerdo. Los sindicatos inciden en que se garantice la voluntariedad para las salidas de los trabajadores, ya que en la primera propuesta de la entidad se estableció el corte de edad en 58 años. Un requisito que cumplirían alrededor de 180 trabajadores por lo que los sindicatos temen que se puedan producir salidas traumáticas hasta completar los 550 empleados previstos inicialmente en el ERE y que deberían abandonar la entidad el 31 de marzo de 2021 como fecha límite.
La propuesta sindical también pone el foco en que no se apliquen medias traumáticas, de manera que se fijen salidas por edad acompasadas con el excedente estimado en cada territorio y que la movilidad geográfica sea casualizada y contemple el principio de proximidad.
Las organizaciones sindicales igualmente han propuesto que se implementen medidas para mejorar las condiciones de quienes sigan trabajando en el banco, según se recoge en un comunicado conjunto que han emitido todos los sindicatos.
Estas medidas quedarían justificadas por la parte social tras analizar la información aportada hasta el momento por Ibercaja para justificar este ERE -todavía no se ha entregado toda la documentación a los sindicatos-, y por la valoración de la primera propuesta inicial expuesta por la entidad en la anterior reunión y que los sindicatos consideran insuficiente. En la parte económica, implicaría condiciones económicas sensiblemente inferiores a las del anterior ERE.
Para los sindicatos, la información que ya ha aportado Ibercaja no justifica la presentación de este nuevo expediente de regulación de empleo, ya que de su análisis se desprende que la situación de la entidad es mejor que la de anteriores ERE como el que se aplicó en 2017. Además, la proyección a futuro también consideran que es más positiva.
Ante esta situación, los sindicatos han rechazado la primera propuesta planteada por la entidad y han solicitado una nueva que recoja el compromiso de voluntariedad y medidas no traumáticas que desde la Dirección del Área de Personas se expresó al inicio de este período previo de consultas, además de tener en cuenta las medidas propuestas hoy por todos los sindicatos.
Al término de esta reunión, desde CCOO Aragón han indicado que desde Ibercaja han manifestado la intención de valorar la propuesta sindical planteada, mientras que desde UGT Aragón han indicado a elEconomista.es que "ahora la pelota está en el tejado de la entidad y esperamos que se haga un nuevo planteamiento" sobre el que han incidido en la importancia de que se recojan estas "líneas mínimas" por las que debe transcurrir la negociación y recogerse en el acuerdo final.
Desde la entidad han confirmado a elEconomista.es su voluntad de que la negociación acabe en un acuerdo que sea respaldado por la mayoría de la representación de los trabajadores.
De momento, Ibercaja y representantes volverán a reunirse el próximo martes dentro de la que será ya la primera reunión dentro del período formal de negociación en el que se deben debatir y negociar las condiciones del ERE planteado.
La propuesta inicial
Las condiciones iniciales propuestas por la entidad establecen que los empleados con 58 años o más perciban una cobertura del 70% del salario neto anual hasta cumplir los 63 años y descuento de la prestación teórica de desempleo.
Además, para los trabajadores de 63 años que no hayan cumplido los 64 a día de 30 de junio, se ofrecen 20 días por año trabajado con un máximo de una anualidad, mientras que el resto -nacidos después del 30 de junio de 1962-, serían 25 días por año trabajado con el máximo de una anualidad.
En cuanto a la movilidad geográfica, se plantean condiciones similares a las de anteriores expedientes y, para los traslados forzosos, se eliminaría la ayuda a tanto alzado para vivienda y se sustituiría por el pago de 1.000 euros al mes con un máximo de 30 meses.
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