El juez Peinado, que investiga a Begoña Gómez por tráfico de influencias, corrupción y malversación de caudales públicos, entre otros tantos delitos, ha exigido este miércoles a Moncloa que entregue todos los correos electrónicos de la esposa de Pedro Sánchez desde la llegada de éste a la presidencia del Gobierno. Del mismo modo, el magistrado ha ordenado la entrega de esta documentación a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) para que analice su contenido, sobre todo, en relación a la contratación de la asesora de Moncloa, Cristina Álvarez.
"A la vista del oficio recibido por la Secretaría General de Presidencia del Gobierno con el informe adjunto de la Unidad de Tecnologías de la Información y las comunicaciones de la Presidencia del Gobierno, requiérase a la Secretaría General de Presidencia del Gobierno para que remita a este Juzgado copia de los correos [...] desde el día 11 de julio de 2018 hasta el día de la fecha", solicita el magistrado en una providencia a la que ha tenido acceso este periódico.
Cabe recordar, que María Cristina Álvarez no solo ejercía sus funciones como asesora de la Moncloa, sino que también tramitaba directamente las relaciones de la esposa del presidente del Gobierno con las empresas del Ibex o con otras entidades a fin de conseguir patrocinios para la cátedra de Transformación Social Competitiva que impartía Gómez en la Universidad Complutense de Madrid. Esto, sin embargo, fue negado por parte de Álvarez en su declaración el pasado mes de febrero ante el magistrado, pese a que hay constancia de varios correos electrónicos, incorporados en el sumario de la causa, que vislumbran sus gestiones como asistente personal de Begoña Gómez.
De hecho, era la persona que gestionaba directamente la agenda de la esposa del presidente del Gobierno y quien trató con el personal de la Complutense el registro del software de la Cátedra que hasta entonces codirigía Gómez. Software que le supuso además a la esposa de Sánchez la imputación de un presunto delito de apropiación indebida.
En cualquier caso, el juez llevó ante los juzgados al actual ministro de Justicia, Félix Bolaños, por ser el responsable último de la contratación de la asesora de Moncloa e incluso instó al Tribunal Supremo su imputación al concluir que Álvarez fue nombrada como personal eventual con funciones de directora de programas para asistencia a la también investigada Begoña Gómez. Su solicitud, sin embargo, fue rechazada por el Alto Tribunal que aseguraba que no había existencia "de cualquier indicio mínimamente fundado o dotados de mínima verosimilitud, sobre la participación en ellos" de Bolaños.