La Guardia Civil garantiza la seguridad ciudadana y protección del medio ambiente en el asentamiento de un número indeterminado de personas pertenecientes al colectivo denominado 'Rainbow Family' en las inmediaciones del poblado deshabitado de Abellada, en el término municipal de Sabiñánigo. Se han formulado un total de 208 denuncias por infracciones administrativas en materia de Protección del Medio Ambiente y en materia de Protección de la Seguridad Ciudadana.
En profundidad
El pasado 30 de abril, se tuvo conocimiento por parte de la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca de la llegada de dicho colectivo. Ahora bien, el asunto ya se llevaba 'calentando' cierto tiempo a través de las redes sociales, sobre todo en 'X' (antes Twitter).
Desde su localización, se activó un dispositivo en el que participaron diferentes unidades de Seguridad Ciudadana de las Compañías de Huesca y de Jaca, así como de la Unidad de Protección de la Naturaleza (UPRONA) de la Comandancia de Huesca, la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) o la Unidad Aérea con base en Huesca, realizándose un seguimiento permanente del asentamiento que permitiese un control ante posibles infracciones administrativas en materia de conservación del medio ambiente y en materia de protección de la seguridad ciudadana.
Más detalles
Tras la finalización del mismo, el pasado 27 de mayo, y fruto de los servicios realizados, como resultado se obtuvo la identificación de 105 personas y 170 vehículos, formulando un total de 208 denuncias por infracciones administrativas en materia de Protección del Medio Ambiente --acampadas ilegales, hacer fuego en zonas del asentamiento, estacionamientos en lugares no autorizados-- y en materia de Protección de la Seguridad Ciudadana.
Asimismo, a raíz de la denuncia interpuesta por propietarios de la finca donde se estableció el campamento, la UPRONA de la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca, instruyó diligencias que fueron remitidas al Juzgado de Guardia de Jaca y ampliadas posteriormente y se pudo informar a la autoridad judicial de las personas participantes que fueron identificadas para que, si así se considerase por los propietarios de las fincas como potenciales perjudicados, puedan ejercer sus derechos por la vía penal y/o civil.