Los vecinos de Argoños se preparan ante la sentencia de derribo de 120 viviendas: "Las casas pasaron a valer cero"

El Gobierno de Cantabria va a derribar 120 viviendas de Argoños después de que se anulara de manera definitiva el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel por el Tribunal Supremo. Estas casas forman parte de un total de 254 viviendas que han sido sentenciadas para su demolición

A saber

Al anularse el PORN, la sentencia deja en entredicho la base legal que el anterior Ejecutivo usó para legalizar esas construcciones. De esta manera, queda en entredicho también el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio.

Los propietarios afectados, que en su mayoría son personas que superan los 70 años, se reparten en 21 de la urbanización Pueblo del Mar y los 99 restantes de La Llana I y II. Contarán con 15 días para decidir si escogen una indemnización económica por la pérdida de su residencia o si por el contrario una vivienda en sustitución, tal y como recogen los convenios que firmaron con el Gobierno autonómico en el año 2015.

Se trata de un problema complejo, ya que el municipio es el segundo más pequeño de Cantabria y el 80% del suelo está protegido por el PORN, así que las posibilidades de construcción son muy limitadas.

Esta no es una lucha nueva, ya que sus vecinos llevan 25 años luchándola. El vicepresidente de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), Ciriaco, recuerda que hay "una sentencia de derribo desde hace 25 años". Durante todos esos años se ha tratado de legalizar por todos los medios y recursos judiciales, pero nunca ha llegado a consolidarse una solución definitiva.

Ciriaco, perteneciente a la urbanización de La Llana, apunta que a pesar de que las casas estén a 500 metros de la playa "no es que sean caras, pero tampoco serán de las baratas. Son viviendas unifamiliares", puntualiza.

¿Qué pasará?

El vicepresidente advierte que al no tener el espacio suficiente para reubicar, no a los 120 afectados sino a los 255 totales, se plantearían otros municipios. Esto no haría más que muchos optaran por la indemnización, lo que se traduce en un coste "importantísimo" para el Gobierno.

Las casas de los afectados, el 97% de Euskadi, compraron sus casas en el 97, pero a raíz de este problema pasaron a costar cero euros: "Nuestro patrimonio desapareció", demanda Ciriaco.

El AMA pone sobre balance lo que se ha conseguido: el derecho a indemnización o sustitución de la vivienda. "Esto lo hemos conseguido nosotros a base de pelear. No lo han dicho los jueces. Gracias a nuestra presión social, en estos 25 años no se hubiesen derribado las viviendas, porque si no, ya se hubieran tirado en 2007".