Valencia
Si las riadas tras la DANA del pasado 29 de octubre destrozaron buena parte de los puentes sobre ríos y barrancos del sur de Valencia y de otros municipios de la provincia, las máximos representantes políticos de las Administraciones Públicas con competencias parecen empeñados en dinamitar cualquier puente entre organismos públicos obligados a trabajar conjuntamente.
Dentro de esa guerra política sin cuartel en que se ha convertido el día a día del Gobierno valenciano de Carlos Mazón y el Gobierno central de Pedro Sánchez, con el foco político pendiente de saltar al trapo ante cualquier declaración en la causa judicial que investiga lo ocurrido en la DANA, la Generalitat Valenciana ha dado un paso más en un intento de judicializar todo lo que tiene que ver con la catástrofe.
El secretario autonómico de Medio Ambiente y Territorio, Raúl Mérida, ha anunciado hoy que la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio ha formalizado dos denuncias ante la Fiscalía provincial de Valencia contra la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), el organismo autónomo del Estado que tiene la competencia en la cuenca del principal río de Valencia y cuyo radio de acción incluye también el sur de Tarragona, Castellón, parte de Albacete, Teruel y Cuenca, además del norte de Alicante.
El motivo de esas denuncias es la presencia de vertidos de residuos y de más de 300 vehículos afectados por las riadas abandonados en el entorno del barranco del Poyo, que según la Generalitat pueden ser constitutivos de un delito de contaminación ambiental o de traslado de residuos tipificados en el Código Penal.
Según la Conselleria esas actuaciones que se han detectado en el marco de los trabajos de recuperación del cauce tras las riadas del pasado 29 de octubre. Tras la devastación, en los cauces están trabajando a la vez las distintas administraciones que según la normativa y legislación vigente en muchos casos tienen que autorizarse o emitir informe informes respectivos.
Los informes medioambientales
En una rueda de prensa, Mérida ha señalado que existen tres informes emitidos por el cuerpo de Agentes Medioambientales de la Generalitat con los que "hemos podido constatar que los residuos que la riada ha dejado al descubierto en zona del cauce están siendo trasladados desde el propio cauce a la parcela contigua (la número 14, del polígono 22 en Riba-roja de Túria) sin ningún tipo de tratamiento ni acondicionamiento del terreno, incumpliendo la normativa". Según la Generalitat se trata principalmente de plásticos, ruedas, textiles, maderas que están siendo vertidas y enterradas en la mencionada parcela, con una superficie aproximada de siete hectáreas.
Otro equipo de agentes medioambientales "también ha verificado en un informe que en la parcela 2 del polígono 22 de Riba-roja de Túria hay 217 vehículos afectados por las inundaciones, acumulados en diversos puntos de acopio". Estos hechos se unen a otra inspección en la que han aflorado otros 84 vehículos abandonados. "El Consell también tomó en conocimiento de ese tercer informe que amplía la cantidad de vehículos apilados en el barranco del Poyo y sus inmediaciones a los 301", ha remarcado Mérida, que ha añadido que este último documento también ha sido trasladado al Seprona desde la Dirección General de Calidad Ambiental.
El hecho de que una de ellas, la Conselleria de Medio Ambiente, denuncie al organismo de cuenca, que también tiene actuaciones de urgencia en marcha, no transmite precisamente una imagen de colaboración como parece que sería deseable tras una catástrofe con 228 muertos, cerca de 140.000 vehículos destrozados y daños por más de 17.000 millones de euros.
Curiosamente el propio Mazón y el PP culpan del alcance de la tragedia a que una ley del Botànic de izquierdas, la de la L'Horta, había frenado actuaciones de la CHJ que habrían reducido el impacto de las riadas.