Todas las cifras que de un modo u otro se relacionan con el desastre ocasionado por la DANA siguen sonando, más de seis meses después, escalofriantes. Si bien la única realmente traumática, colocadas todas en justo equilibrio, es la de fallecidos, las relacionadas con pérdidas económicas no resultan menos históricas. Aquel 29 de octubre, la provincia de Valencia (y, aunque en menor grado, también zonas de Castilla-La Mancha) vio cómo el agua y el fango engullían súbitamente más de 11.000 viviendas, cómo los torrentes arrastraban más de 140.000 vehículos y cómo carreteras, puentes y otras infraestructuras quedaban comprometidas o, directamente, desaparecían bajo el lodazal, ocasionando pérdidas económicas millonarias.
Según el último informe de diagnóstico elaborado por la Consejería para la Recuperación Económica y Social de la Comunidad Valenciana, el impacto económico que ha supuesto la DANA asciende a 17.800 millones de euros en los cinco ejes prioritarios que marcan el Plan de Recuperación: personas, infraestructuras, tejido empresarial, medio ambiente y tejido social y comunitario. Sólo en el ámbito de las infraestructuras hídricas resultaron seriamente dañados 350 kilómetros de cauces, las presas de Forata y Buseo, 123 estaciones depuradoras y dos estaciones de tratamiento de aguas potables. En total, se calcula que las averías ocasionadas en las redes del ciclo integral del agua superan los 331 millones de euros. Asimismo, se vieron afectados más de 800 kilómetros de carreteras, 550 kilómetros de vías ferroviarias y 380 puentes.
En cuanto a los sistemas de saneamiento y depuración se han ejecutado ya el 60% de las actuaciones de reconstrucción y el Consell asegura que "el 100% de las 123 depuradoras afectadas estarán restauradas antes de verano". Además, el Gobierno central destinará otros 500 millones de euros a sufragar los costes de reconstrucción relacionados con el ciclo del agua. Con esta cantidad, que se suma a los 1.700 millones invertidos anteriormente, el Ejecutivo asumirá íntegramente los costes de reconstrucción en infraestructuras hídricas municipales.
Tras ejecutar obras de emergencia para permitir a los ciudadanos recuperar la normalidad en la medida de lo posible, todavía quedan pendientes numerosas actuaciones que, aunque menos urgentes, presentan una mayor complejidad, pero son necesarias para minimizar los efectos de eventos similares que puedan tener lugar en el futuro.
Hidraqua, la principal operadora del ciclo del agua en la Comunidad Valenciana, calcula que los ayuntamientos perjudicados que están bajo su paraguas deberán destinar más de 38 millones de euros a ejecutar un plan de inversión que permita reparar por completo los daños causados y, más allá, modernizar su sistema hídrico y adaptar sus infraestructuras para resistir nuevos temporales.
La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha dedicado hasta el momento 223 millones de euros a actuaciones de emergencia. Además, ha empezado a reactivar las planificaciones incluidas en el Proyecto de Adecuación Ambiental y Drenaje de la Cuenca del Poyo vertiente a la Albufera, una hoja de ruta diseñada en 2009 para reducir el riesgo de inundación en la zona afectada que contempla un presupuesto de 220 millones de euros para llevar a cabo siete proyectos destinados a aumentar las capacidades en cauces y barrancos para que puedan canalizar mayores cantidades de agua. Los trabajos previstos en la cuenca de Poyo, Pozalet y La Saleta se encuentran incluidos Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI) de la demarcación hidrológica del Júcar para el periodo 2022-2027.
El primer proyecto en comenzar a materializarse ha sido el que contempla la adecuación del barranco de La Saleta en el tramo que discurre entre el municipio de Aldaia y el nuevo cauce del Turia. Tras presentar la iniciativa a los municipios involucrados, el organismo de cuenca lanzó a mediados de abril a información pública el estudio de integración paisajística y prevé licitar las obras antes de que finalice 2025. La actuación, que cuenta con un presupuesto estimado de 90 millones de euros frente a los 26 previstos inicialmente, busca reducir el riesgo de inundación en las localidades de Aldaia, Alaquas, Xirivella, Quart de Poblet y Valencia, canalizando las crecidas que las lluvias provocan en la cabecera del barranco mediante una conducción subterránea que discurra entre Aldaia y Alaquas y continúe hasta el nuevo cauce del río Turia mediante una vía verde que llegue hasta Xirivella y Valencia.
Sin embargo, el proyecto ha hecho saltar las alarmas en el Ayuntamiento de la capital regional. El consistorio recuerda que las lluvias del pasado 29 de octubre también sobrecargaron el cauce del Turia y exige que se lleven a cabo estudios técnicos para garantizar que el río resistiría una avenida de agua procedente de La Saleta sin que se produjese un desbordamiento.
La alternativa planteada para el Poyo también prevé unir el barranco con el nuevo cauce del Turia mediante una vía verde que enlace el río antes de alcanzar Paiporta, pero el plan se encuentra paralizado desde hace años por no ser varias de las actuaciones previstas compatibles con la Ley de la Huerta aprobada en 2018 por el Gobierno de Ximo Puig.
El tercer proyecto contemplado en la actual planificación hidrológica es la restauración fluvial y la ampliación de las áreas de laminación en el barranco del Pozalet. Estos trabajos permitirán disminuir el riesgo de inundación para avenidas con un período de retorno de hasta 10 años. Según la CHJ, el cierre de la redacción del proyecto se encuentra a la espera del visto bueno del del Ayuntamiento de Riba-Roja.
El reto de la gestión de los residuos
Más allá de los daños causados en las infraestructuras, la riada dejó a su paso un escenario crítico marcado por acumulación masiva de residuos en las zonas urbanas y rurales de los municipios afectados. Las estimaciones calculan que las inundaciones provocaron en una sola noche entre 800.000 y 1.500.000 toneladas de residuos, casi el equivalente a todo un año en la Comunidad Valenciana o el 11% de lo producido durante un año en toda España.
La ingente cantidad de escombros y desechos, capaces de saturar las vías públicas y las infraestructuras, obligó a las administraciones a habilitar campas provisionales donde almacenarlos. El hecho de estar cubiertos de barro complicaba todavía más las labores necesarias para realizar un tratamiento adecuado. Así, el desafío para los sistemas de gestión de residuos se reveló titánico desde el primer momento.
La Consejería de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio dispuso desde el primer momento un plan de choque para distribuir estos residuos y acumularlos fuera de los núcleos urbanos creando nuevos espacios para gestionarlos, como los Puntos de Acopio Local y los Puntos de Transferencia. El Ejecutivo autonómico ha dado luz verde, hace apenas unos días, al mayor contrato que la administración valenciana ha tenido que acometer en los últimos seis meses: de forma urgente y sin concurso púbico, ha adjudicado un contrato de 179 millones de euros a las empresas de servicios medioambientales Urbaser, Prezero y Paprec para acometer los trabajos de recogida, gestión y tratamiento de las montañas de residuos generados por la riada.
La Albufera, todavía lejos de la normalidad
Barro, rocas, vegetación pero, más allá, vehículos enteros, electrodomésticos, muebles, medicamentos y millones de productos plásticos. Al ya perjudicado Parque Natural de la Albufera llegaron durante días, arrastrados por el agua, los restos del desastre sumando su efecto contaminante a los comprometidos equilibrios del ecosistema.
Cualquier previsión se ha visto, además, superada, por actuar la Albufera como una suerte de sumidero. Con todavía acequias y canalizaciones obstruidas y una biodiversidad amenazada, el espacio natural va a ser uno de los últimos en recuperar el estado previo a la DANA, si bien éste tampoco era el ideal. Fue necesario un mes para atajar los vertidos. Para conseguirlo, el Consell dispuso un colector provisional mientras, en paralelo, se trabajaba en la colocación de barreras, en la limpieza de acequias y en la evaluación de los residuos extraídos.
El Ayuntamiento de Valencia confía en que los residuos hayan sido retirados completamente antes de junio y estudia proyectos para procurarles una segunda vida. Así, y tomando los de muestra mixta como objeto de experiencia piloto, se analiza ya su viabilidad para reconvertirlos en materia prima con la que fabricar mobiliario urbano.
