Apenas unas horas fueron suficientes para catapultar a la provincia de Valencia medio siglo atrás en el tiempo. Si los índices de desarrollo y bienestar de los territorios se miden por la tecnificación de sus infraestructuras y comunicaciones, por la calidad de sus servicios y por su grado de digitalización, hoy no queda otro remedio que asumir que docenas de poblaciones hasta hace nada prósperas e integradas en el tejido de un país que es potencia mundial han sido devueltas, súbitamente, a la realidad de un tiempo que en España suena remoto.
Las cifras abruman tanto como la propia magnitud de la catástrofe. Más allá de las que suponen el dolor más profundo, las que se vinculan a los nombres y apellidos de las personas fallecidas, las que se escriben en euros, en metros cúbicos o en kilómetros componen la fotografía de un desastre económico de proporciones inimaginables en España hasta el mismo 29 de octubre.
Tras el shock, inevitablemente, la necesaria reconstrucción; Valencia sigue enfrentando la titánica tarea de acercar sus pueblos, carreteras, redes de saneamiento e instalaciones a los parámetros que hasta ahora tenían, desplegando unos trabajos con miles de aristas.
En lo referente al ciclo integral del agua, el Miteco ha diseñado un plan de reconstrucción que cifra inicialmente en 330 millones de euros, una cantidad que prevé transferir directamente a los operadores. En concreto, se calcula que los trabajos para recuperar el sistema de abastecimiento tendrán un coste de 105 millones, recobrar la normalidad del alcantarillado principal ascenderá a 134 millones y los sistemas de depuración necesitarán 92 millones para volver a funcionar a pleno rendimiento.
En un primer momento, las labores para restablecer el abastecimiento centraron gran parte de los esfuerzos, ya que la catástrofe dejó sin suministro de agua a cerca de 600.000 personas en 78 municipios, pero no hizo falta mucho tiempo para constatar los graves daños que se habían producido en las redes de saneamiento. La Diputación de Valencia registró incidencias importantes de alcantarillado en 34 municipios de la provincia. "El problema es de gran magnitud y, tras resolver el abastecimiento de agua en alta, que llegó a afectar seriamente a un millón de personas, ahora seguimos con los trabajos en acometidas rotas en viviendas, una situación compleja que requiere de cirugía a pequeña escala", afirmaba Vicente Fajardo, representante del socio tecnológico de Egevasa en el Cecopi y director de Global Omnium, durante la reunión celebrada en la institución valenciana con los alcaldes de las localidades afectadas.
Más de 120 camiones de extracción de lodos llevan semanas trabajando para liberar el alcantarillado con equipos de agua a presión, pero se calcula que todavía hay cerca de 800 kilómetros afectados y quedan al menos una decena de municipios en los que el agua no se ha declarado apta para consumo. "Paiporta es el municipio más atascado, con un 40% de colmatación y el resto de la red en precario. Allí trabajamos entre 10 y 12 horas con los equipos a presión máxima, pero no resulta sencillo por el estado de la red y los pinchazos que sufren los camiones", explicaba Fajardo.
Vertido cero en los cauces
La gestión de las aguas residuales se está llevando a cabo en base al plan diseñado por la Generalitat, a través de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana (Epsar), para reparar los sistemas de depuración afectados por las inundaciones en las provincias de Valencia y Castellón, y que ha sido dotado con 100 millones de euros.
En total, 123 depuradoras y numerosos colectores de diferentes municipios sufrieron graves desperfectos y, a día de hoy, el Gobierno autonómico continúa trabajando para reparar los sistemas de depuración afectados. "Las obras de emergencia que se ejecutan desde principios de noviembre y el trabajo de más de 400 efectivos permitió en pocos días recuperar la mayoría de estas instalaciones", señalan desde la Consejería valenciana de Medio Ambiente, Agua, Infraestructura y Territorio.
Los datos aportados por el departamento encabezado por Vicente Martínez Mus a cierre de esta edición señalan que "117 depuradoras ya están operativas" y del total de vertidos ocasionados por la DANA "solo queda el 3% pendiente de solucionar".
Ahora, las actuaciones se centran en solventar la situación de las seis depuradoras más afectadas (algunas se podrán recuperar en el próximo año, pero otras deberán reconstruirse completamente) y en reponer los colectores que han quedado inutilizados para impedir que los vertidos de las aguas residuales acaben en los cauces, una circunstancia que puede generar importantes problemas medioambientales y de salud pública.
Las principales fugas se registran en el barranco del Poyo, una cuenca especialmente devastada por la avenida que llegó a registrar un caudal punta superior a los 3.500 m3. "En pocos días estará instalado el colector provisional sustitutivo del barranco del Poyo, que fue arrasado por las inundaciones. Esta instalación, junto con la recuperación provisional del sistema de bombeo de Picassent-Alcàsser al sistema de Pinedo y otras actuaciones, permitirán detener la llegada de aguas residuales a la Albufera, logrando el vertido cero en el lago", aseguran fuentes de la Consejería.
Y es que las inundaciones también han tenido consecuencias considerables en este espacio natural. La fuerza del agua arrastró hasta la laguna enormes cantidades de residuos que están generando un nivel de contaminación preocupante para un ecosistema que ya se encontraba en una situación extremadamente delicada. Tanto es así que los expertos consideran que su funcionalidad está ahora mismo en entredicho. Hasta el momento, se han retirado 750 metros cúbicos de restos y residuos en la zona y continúan las labores de limpieza de la red de acequias. Para poder tomar medidas rápidamente en caso de que surjan problemas ambientales, la Generalitat prevé instalar un 'gemelo digital' que aporte información sobre el estado del enclave y evalúe el impacto de las políticas de conservación.
Obras de emergencia en el Poyo y la Horteta
La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), por su parte, ha adjudicado dos contratos de emergencia por valor de 43 millones de euros para reparar las infraestructuras que sufrieron desperfectos. En concreto, el organismo de cuenca ha encargado a Global Omnium la "restitución y recuperación de la funcionalidad del abastecimiento al área metropolitana de Valencia". La constructora Torrescamara se encargará de reponer los acueductos del barranco de la Horteta y del Poyo, que fueron destruidos por la riada. La CHJ también ha adjudicado un contrato de 22 millones de euros para reparar el sistema automático de información hidrológica (SAIH), una herramienta que resulta fundamental para obtener información en tiempo real de los caudales.
Residuos y lodos
El agua arrasó con todo aquello que encontró a su paso dejando tras de sí un paisaje desolador con millones de objetos amontonados por todas partes. Desde que se puso en marcha la operación especial de retirada de residuos y enseres se han recogido 200.000 toneladas de residuos generados por la DANA, una cifra superior a la que se registró en toda la Comunidad a lo largo de 2023, cuando se contabilizaron 180.000 toneladas.
Uno de los grandes problemas se encuentra en la gestión de los lodos. Las autoridades calculan que se han retirado entre cuatro y cinco millones de metros cúbicos de fango que pueden estar contaminados por vertidos industriales o aguas fecales. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y el Instituto Geológico y Minero han creado un equipo de emergencia para buscar ubicaciones donde depositar estos residuos que necesitarían un tratamiento especial y han identificado en la zona tres minas o canteras en desuso que reúnen las condiciones adecuadas albergar estos lodos sin afectar a los suelos ni a los acuíferos.
Contaminación procedente de los coches siniestrados
Una de las actuaciones más complicadas y peligrosas es la retirada de los 120.000 vehículos siniestrados que hasta ahora se encontraban amontonados en las campas municipales habilitadas para tal fin.
Los residuos de los coches suponen un grave riesgo medioambiental debido a las características de peligrosidad que tienen gran parte de sus componentes y requieren de un tratamiento específico que únicamente puede realizarse en las plantas operadas por gestores autorizados (CAT).
Mientras el Gobierno central realiza las gestiones necesarias para declarar estos vehículos como residuos municipales y autoriza las bajas que darán paso a su tratamiento, la Consejería de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio ha aprobado una medida transitoria que permite el traslado urgente de estos vehículos a lugares alejados de los núcleos urbanos. También garantiza una adecuada custodia y trazabilidad con el fin de facilitar los trámites necesarios para la peritación correspondiente. Esta iniciativa tiene como objetivo garantizar la seguridad y salubridad de los habitantes de las poblaciones afectadas.