
La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, solicitó la activación del nivel de emergencias porque "ha sido evidente que esto era una cuestión que excede del ámbito territorial de la comunidad autónoma", sino que ha afectado a todo el país, por lo que han entendido que "debía coordinar el Gobierno de España, que es el que tiene los medios y tiene la información", con el objetivo de "no funcionar como 17 departamentos estancos".
Se trata de una "situación que no tiene precedentes", de ahí que en principio la Junta de Extremadura declaró el nivel 2 por la posible afectación a bienes y personas, y posteriormente solicitó al Gobierno de España la declaración del nivel 3 de emergencia, que ha aceptado, por lo que ahora mismo es el Gobierno de España quien tiene la competencia de coordinar en este caso las actuaciones que se realicen dentro de nuestro ámbito territorial.
De esta forma el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asumido la competencia de emergencia nacional en las citadas comunidades, que previamente la habían solicitado a consecuencia del apagón eléctrico.
Según la orden del Ministerio del Interior, a la que ha tenido acceso Europa Press, corresponde al ministro "la dirección de la emergencia, que comprenderá la ordenación y coordinación de las actuaciones y la gestión de todos los recursos estatales, autonómicos y locales del ámbito territorial afectado, de conformidad con el artículo 30 de la Ley 17/2015, de 9 de julio".
Interior explica que el Sistema Nacional de Protección Civil establece que son emergencias de interés nacional, entre otras, "aquellas en las que sea necesario prever la coordinación de diversas administraciones públicas porque afecten a varias comunidades autónomas y exijan una aportación de recursos a nivel supraautonómico", así como las que por sus dimensiones efectivas o previsibles requieran una dirección de carácter nacional".
Suspensión de actividad lectiva
La incertidumbre ha planeado hasta la madrugada del 29 de abril, donde se ha confirmado que los centros educativos suspenden la actividad lectiva aunque permanecerán abiertos para ayudar a la conciliación laboral y familiar.
"A fin de evitar la asunción de riesgos graves para la población y los bienes durante esta situación de emergencia que pudiera producirse, fundamentalmente con motivo de los desplazamientos, se estima necesario suspender toda la actividad lectiva de la comunidad educativa en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura por la presente situación de emergencia", señala el Ejecutivo extremeño.
Transportes
Los trenes de media distancia y Alvia continúan suspendidos, aunque la previsión es que a lo largo del día de hoy se reestablezcan los servicios.
Según informa Renfe, en todo el país los servicios públicos de Cercanías y los servicios comerciales de ferrocarril de la Alta Velocidad y Larga Distancia están volviendo a funcionar de manera parcial cuando España registra un 90% del suministro eléctrico restablecido.
Reclamaciones
Esta situación insólita ha provocado pérdidas materiales y ha supuesto un caos en el tráfico rodado.
Por ello la Asociación de Consumidores de Extremadura hace un llamamiento a la calma y aconseja que acumulen y guarden pruebas de los daños sufridos hasta que se esclarezcan las causas del apagón y que revisen sus seguros de hogar por si estos daños estuvieran cubiertos.
Así, en nota de prensa, UCE incide en que tras la vuelta a la "normalidad", toca hacer balance de daños; y señala que, en principio, las distribuidoras eléctricas son responsables del suministro, pero "pueden eludir esta responsabilidad si el corte estuvo motivado por causas de fuerza mayor o por un sabotaje".
Dado que "aún no se descarta ninguna posibilidad", el colectivo subraya que por tanto "es pronto para afirmar taxativamente si se puede o no reclamar".
No obstante, aunque las empresas eléctricas no fueran finalmente responsables de la interrupción del servicio, según UCE, "tampoco se puede exigir a los consumidores que paguen por los servicios no recibidos durante el apagón".
Por tanto, sí se tiene derecho --añade-- a recibir el reintegro del billete o la reubicación en otro medio de transporte "lo más rápidamente posible".
Además, si un pasajero se encuentra atrapado, por ejemplo, en un tren durante el apagón, "tiene derecho a que la empresa le proporcione asistencia, alimentos, bebidas e incluso alojamiento si fuera necesario".
Eso sí, apunta que si el motivo de la cancelación del viaje es la falta de energía, las compañías de transporte como trenes o aviones "no están obligadas a indemnizar por las cancelaciones, dado que se trata de una circunstancia extraordinaria, tal y como establece el reglamento europeo".
Otro de los "perjuicios" que más se va a sufrir como consecuencia del apagón son los daños en el hogar, como los productos que se han perdido en el congelador al descongelarse por falta de electricidad.
En estos casos, UCE indica que es "muy recomendable" que los afectados acumulen pruebas de los daños, como fotografías o informes de los electrodomésticos averiados, en caso de que el apagón haya sido causado por una subida de tensión al restablecerse el servicio.
Por último, y siempre que el motivo del apagón no sea causa de fuerza mayor, según UCE se tendrá derecho a una reducción en la siguiente factura del 20 por ciento por la primera hora de corte, y otro 2 por ciento por cada hora adicional.
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