Valencia
El Gobierno valenciano del PP ha aprobado en el Pleno del Consell un decreto ley por el que modifica buena parte de los apartados de la Ley de la Huerta de Valencia, una de las normas medioambientales estrellas aprobadas por el anterior Ejecutivo de izquierdas presidido por Ximo Puig. Además, la nueva norma también afecta al Plan de Acción Territorial de Ordenación y Dinamización de la Huerta de Valencia.
La reforma de esa Ley que protege el espacio y el paisaje agrícola en torno a la capital valenciana era una de las promesas electorales del presidente valenciano Carlos Mazón, especialmente por las críticas de agricultores que consideraban que imposibilitaba los permisos para llevar a cabo actividades e inversiones vinculadas al cultivo en los campos y en sus instalaciones por su carácter restrictivo.
Tras la DANA, la Ley de la Huerta también fue señalada por varios ayuntamientos de la zona afectada por las inundaciones, que responsabilizan a esta normativa de no poder podido aprobar actuaciones en los barrancos y cauces por las tramitaciones que exige y las dificultades para lograr la aprobación.
La ley autonómica chocaba además con muchos planeamientos urbanísticos municipales en vigor y producía una compleja situación entre las competencias municipales y la normativa autonómica, que alargaban los plazos de proyectos en esos territorios.
Precisamente la emergencia tras la catástrofe es uno de los argumentos del Gobierno valenciano para acometer esta reforma de calado, que en la práctica supone acabar con algunas de las medidas que en su día impulsaron los socialistas, Compromís y Podemos. "La necesidad urgente de abordar carencias y obstáculos que han surgido desde su aprobación en 2018 y que se considera que se han visto agravados por las inundaciones del pasado mes de octubre de 2024", esgrime el Consell.
El conseller de Territorio, Vicente Martínez Mus, ha justificado en la rueda de prensa posterior al Pleno del Consell que los cambios, "previstos desde antes de las riadas", pretenden acabar con los obstáculos a cualquier actuación y apuntó que sólo se ha presentado un expediente para recuperar enclavamientos de l'Horta, que no se ejecutó, mientras que otros dos se presentaron fuera de plazo.
"Evitar duplicidades"
Así, el decreto ley supone iniciar el proceso de disolución del Consell de l'Horta, que era el órgano creado para la gestión mancomunada del espacio incluido en la normativa. La Generalitat asegura que el objetivo es "simplificar estructuras administrativas, ahorrar costes y evitar duplicidades".
Así, las competencias del Consell de l'Horta serán asumidas directamente por los departamento del Gobierno valenciano: la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio y la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca.
Nuevas construcciones
Según ha comunicado la Generalitat, "se clarifica el régimen jurídico de los núcleos tradicionales legalmente asentados en medio rural, y se ha introducido el uso residencial dotacional en Huerta Grado 3, tanto en los municipios directamente afectados por la riada como en otras localidades que también precisen soluciones frente a la emergencia habitacional".
Es decir, frente a las restricciones anteriores la reforma permitirá construir viviendas y otros equipamientos ante la situación provocada por la DANA. Según la Administración, con los cambios se facilitarán y agilizarán las actuaciones de rehabilitación tanto de edificios como de campos agrícolas dañados.
