El Gobierno de España oficializó el pasado martes, en plena nochebuena, el inicio de la nueva Correos. Ese día se incluyó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el Real Decreto-Ley de medidas urgentes que aprobó este lunes en el último Consejo de Ministros del año, que incluye los nuevos contratos que amplían los vínculos actuales entre el Estado y la compañía postal pública. Estos le permitirán garantizar una financiación recurrente en condición de operador postal universal (SPU), y sumará nuevas competencias que permitirán ampliar sus ingresos prestando servicios en beneficio de la ciudadanía.
Lo hizo tras constatar que los 1.000 millones de pérdidas y la enorme deuda acumulada en la última década han dejado a Correos en una situación muy delicada, hasta el punto de rozar la quiebra. De hecho, la introducción de estas medidas en el Real Decreto-Ley 9/2024 son consideradas por el Ejecutivo como "un todo necesario para eludir en el corto plazo" la causa de disolución societaria.
Para evitarlo, el Ejecutivo ha ampliado en cinco años la designación de Correos como operador encargado de prestar el servicio postal universal, que por Ley tenía limitado hasta 2025. Además, obliga a la compañía a prestar los llamados "servicios de interés económico general" (SIEG) en el ámbito rural, una serie de funciones administrativas y financieras llamadas a evitar la exclusión financiera y social de los habitantes en zonas con baja densidad de población. Esta figura, contemplada en la normativa europea, conlleva una retribución adicional por parte del Estado que permitirá aumentar los ingresos de Correos.
Entre las funciones asignadas dentro de esos SIEG, se encuentran las comunicaciones postales, el acceso a servicios financieros básicos, a la administración pública (incluidas solicitudes en papel, entrega de documentos oficiales, pago de tributos y multas, cobro de subvenciones o ayudas públicas o la acreditación de identidad digital.
Todo ello se desarrollará en un Contrato-Programa plurianual a suscribir antes del 24 de enero, que incluirá anticipos económicos para que Correos haga frente a los costes, que posteriormente liquidará, previa inclusión en los Presupuestos Generales del Estado.
"Estas medidas refuerzan aún más el carácter público de Correos y permitirán reorientar la misión de una Compañía que, dada su amplia presencia territorial, debe ser un instrumento del Estado para fomentar la cohesión social y territorial". Además, la norma da cobertura legal a todas aquellas nuevas funciones que se pacten entre el Gobierno y la compañía en el marco de su nuevo plan estratégico con el fin de "situar a la empresa en una senda sostenida y estable de rentabilidad"
Además, para cumplir las exigencias de la CNMC, Correos deberá llevar a cabo una contabilidad analítica de su servicio público postal y separar estas cuentas de las que realice en calidad de prestatario de los servicios de interés económico general, con el fin de evitar las correcciones de fondos anuales a la baja que puntualmente hace público el órgano de Competencia. Además, fija una nueva fórmula de cálculo para los costes del servicio postal universal, como exigía este organismo.
En el texto de la norma, el Ejecutivo reconoce que Correos, "al igual que otros operadores postales del mundo, se está enfrentando a importantes desafíos estructurales que han desequilibrado su operación y su negocio y exigen acometer una transformación profunda y urgente de su modelo de negocio".
Esta debe, a juicio del Gobierno, llegar "sin más demora", ya que "su excesiva dependencia del servicio postal, la ausencia de diversificación de ingresos y sus elevados costes estructurales han provocado un ebitda negativo recurrente que actualmente condiciona la viabilidad económico-financiera".
Para tratar de revertir la situación, Moncloa puso al frente de la empresa a Pedro Saura, que logró dar la vuelta a otra empresa deficitaria como Paradores. Su estrategia, que ha ido desvelando muy poco a poco, contempla la puesta en marcha de un nuevo plan estratégico 2024-2028 ya activado; la negociación de un nuevo convenio colectivo, que empieza ahora a fraguarse; y un plan de salidas incentivadas para rebajar la plantilla y ajustarla a las necesidades actuales. También se ha reducido el capital social en un intento de evitar esa quiebra con ingeniería financiera.
Para el sindicato UGT, la ampliación de Correos como operador designado del servicio postal universal establece un "tratamiento más justo" en su financiación; mientras que las medidas aprobadas suponen una "rectificación loable" del Ejecutivo respecto a la línea seguida en los últimos cinco años, que califican de "un intento de desguace". También desde CSIF han apoyado las medidas, que a su parecer "abre una nueva etapa que, junto a la negociación del Convenio, debe significar el resurgir de la empresa".