La Audiencia Nacional ha desestimado la querella del Partido Popular contra el Partido Socialista Obrero Español por presunta financiación ilegal en base al testimonio de un empresario que aseguraba haber entregado "90.000 euros" en bolsas en la sede socialista de Ferraz para conseguir una licencia de hidrocarburos, ya que asegura que no hay indicios suficientes para admitir a trámite la misma, según informan fuentes cercanas a la Audiencia Nacional.
Esta querella, a la que ha tenido acceso elEconomista.es, (impulsada por el PP, Manos Limpias, Hazte Oír y Vox) no solo iba dirigida contra el PSOE, sino también contra "el conseguidor" Víctor de Aldama y contra el exministro socialista José Luis Ábalos por su presunta implicación en el fraude de hidrocarburos y en el caso 'Koldo': "El empresario Claudio Rivas habría usado a Víctor de Aldama para conseguir del Gobierno una licencia como operadora de hidrocarburos para la compañía Villafuel. Y este le habría pedido a cambio 600.000 euros", y que "esos 600.000 euros se le pagaron a Aldama mediante transferencias y entregas de dinero en efectivo", recoge el auto.
Así lo confirma el magistrado el Santiago J. Pedraz Gómez, juez del Juzgado Central de Instrucción Número 5, siguiendo el criterio de la semana pasada de las Fiscalía Anticorrupción al respecto de esta querella por la presunta financiación ilegal: "El 10 de octubre de 2024 se hizo público el testimonio de dos informantes anónimos, a través de una noticia periodística publicada en el diario The Objective. En los citados testimonios, se recogen nuevos hechos indiciariamente delictivos, conexos con el objeto de este procedimiento, que vienen a reforzar los indicios de criminalidad obrantes en autos respecto de los Sres. De Aldama y Rivas, a extender el elemento objetivo del procedimiento, y de los que se desprende la participación presuntamente delictiva del también querellado D. Koldo García Izaguirre, asesor personal del titular del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ("MITMA") en el momento de los hechos, como a continuación se verá".
"Con carácter general, una noticia por sí sola, no legitima a ningún accionante popular para convertir el relato periodístico en un relato de hechos punibles desencadenantes del proceso penal. Se precisa algo más."
Para el PP, "la presunta entrega de 90.000 euros en efectivo por un particular para la obtención de una licencia administrativa en la sede de un partido político" es un indicio bastante importante como para "iniciar una investigación con tal de esclarecer la identidad del receptor y el destino de los fondos".
Por su parte, el magistrado advierte de que "aparecen contradicciones de los denunciantes anónimos, como señala el Ministerio Fiscal al señalar que la tramitación corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica y no al Director del Gabinete del Ministro de Industria, a lo que une un informe que aparece en unas D. Previas del Juzgado Central de Instrucción Dos y contradice también a dichos denunciantes".
Por ello, procede inadmitir la querella sin perjuicio de lo que depare el transcurso de la instrucción. En el mismo auto, titular del Juzgado central de Instrucción Cinco admite la personación como acusaciones populares del PP, Manos Limpias, la Asociación Hazte Oír y Vox, previa prestación de fianza de 10.000 euros.
En otra resolución, el magistrado mantiene en prisión sin fianza al empresario Víctor de Aldama para evitar que pueda obstruir la acción de la justicia. En un auto, en el que rechaza el recurso de reforma de este empresario, Pedraz recuerda que se han acordado múltiples diligencias que aún están pendientes y que queda por analizar todo lo hallado en los registros. Añade que una parte importante de lo defraudado, casi 74 millones de euros, podría haber sido transferido a cuentas en el extranjero, por lo que es preciso proceder a su localización y bloqueo, así como determinar las operaciones de blanqueo presuntamente ejecutadas, unas medidas "que se verían frustradas o, al menos, dificultadas, si el investigado se encontrara en libertad".