El Gobierno sabía desde hace ocho meses que Villafuel, la empresa central de la trama de hidrocarburos vinculada al caso Koldo, estaba defraudando a Hacienda. En su último informe anual, la compañía explica que, con fecha del pasado 7 de febrero, "el Delegado de la Agencia Tributaria acordó su baja cautelar en el Registro de extractores" al detectar un posible fraude fiscal, que se ha elevado finalmente, al menos, a 182 millones. La inspección tributaria constató, por un lado, que la sociedad había incumplido sus obligaciones tributarias y, por el otro, que "de sus relaciones comerciales con el cliente Obaoil 3.000, S.L. podría deducirse que pudo haber participado en operaciones que den lugar a incumplimientos relacionados con el Impuesto sobre Valor Añadido (IVA)".
La retirada de la licencia a Villafuel por parte de Hacienda aboca ahora a la red de hidrocarburos vinculada a la trama a la pérdida de prácticamente todo su negocio. Después de que el resto de empresas implicadas hayan entrado ya en liquidación, como es el caso de Canary Island Fuel o Salamanca Fuel, Villafuel cifra ahora una bajada del 93% de sus ingresos tras la decisión de Hacienda.
Según explica la propia compañía, la decisión de Hacienda, "a partir del mes de febrero de 2024, ha provocado para la sociedad un descenso muy significativo de su cifra de negocio y por ello de sus resultados (...), estimándose una cifra de negocio para el ejercicio 2024 de aproximadamente 57 millones de euros, frente a los 857 millones de euros de ventas pronosticadas inicialmente para este año en una situación normal". Con esta reducción de la cifra de ventas se estima un descenso de 20 millones de euros en el resultado después de impuestos.
No obstante, la compañía asegura que seguirá funcionado en niveles similares a los previos a la obtención de la habilitación de operador de hidrocarburos. Villafuel, en concreto, cerró el pasado ejercicio con un beneficio de 20,9 millones de euros, pero tan solo aportó 7,5 millones a las arcas públicas.
La licencia
La licencia de operadora permitió a la compañía, según los últimos datos disponibles del Registro Mercantil, multiplicar por más de veinte sus ingresos en el último ejercicio, tras la intermediación del principal comisionista de la red, Victor de Aldama. Así, pasó de facturar en 2020 36,2 millones de euros a alcanzar unas ventas en el último ejercicio de 815,9 millones. En la misma línea también, el resultado después de impuestos se incrementó desde 1,6 millones a 20,9 millones de euros.
Aldama, precisamente, facilitó que Claudio Rivas, propietario de la compañía, se reuniese con el director de Gabinete del Ministerio de Industria Juan Ignacio Díaz, entre los días 24 y 28 de diciembre de 2020 para obtener la condición de operadora de Villafuel y poder poner así en marcha el presunto fraude. Estas reuniones se produjeron gracias a la vinculación de Aldama con el entonces ministro de Fomento, José Luis Ábalos, y el ex asesor de éste, Koldo García, según expone el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) al que ha tenido acceso este periódico.
El documento concluye que hay una "vinculación directa" entre la trama de mascarillas y la adjudicación pública a Soluciones de Gestión y el fraude de 182 millones que ha llevado al comisionista a prisión. El empresario intermedió en este asunto para "aprovecharse", según cita el documento de los investigadores, de que Rivas corriera a cargo "con los gastos derivados" de la adquisición del inmueble del exministro, pues éste estaba a nombre de otra de las sociedades que gestiona Rivas. Así, una vez que Ábalos fue cesado del Ministerio, Villafuel dejó de tener la licencia de operadora.
