La Plataforma Nacional para la Defensa del Sector del Transporte, que cobró protagonismo tras el paro transportista de 2022, encara una guerra interna en plena convocatoria de huelga para reclamar una jubilación anticipada. El máximo ejecutivo de la asociación, Manuel Hernández, se enfrenta a varias denuncias de seis de sus socios, presentes en el Consejo Ejecutivo de la organización, ante el Ministerio de Trabajo y otros organismos por un presunto delito de fraude a la Seguridad Social y falsedad contable, ente otros.
Según consta en los escritos, al que ha tenido acceso este periódico, habría, en concreto, un trabajador de la plataforma prestando servicios sin contrato y cobrando en dinero negro. El documento, acompañado de diversos extractos bancarios y otras pruebas documentales, expone, además, el presunto uso de los fondos de la Plataforma por parte de Hernández para su beneficio personal, y una supuesta ocultación y falta de transparencia en la rendición de cuentas.
Los denunciantes aseguran que han solicitado en numerosas ocasiones a Hernández los documentos que abalen la óptima gestión financiera de la Plataforma, pero que éste se ha negado a entregar los resultados del ejercicio e, incluso, ha ignorado los diversos burofaxes que este grupo de socios le ha enviado.
Hernández, en cambio, alega que las discrepancias comenzaron cuando estos miembros del Consejo Ejecutivo montaron una empresa con ánimo de lucro a las espaldas de la plataforma, que llegó a utilizar clientes de la propia organización para su cartera de consumidores, y que, además, llegaron a ofrecerle "un puesto muy cómodo" para apartarle de la presidencia. El máximo ejecutivo asegura, además, que el testimonio de los denunciantes es falso, y que no se trata más que de una trama para "dañar" su honor: "No me he llevado ni un céntimo de la Plataforma", afirma.
Gastos
Los extractos bancarios muestran diversos reintegros en efectivo con un importe superior a los 8.000 euros, así como gastos personales en supermercados, pubs, y hasta el seguro de un viaje a Disneyland cargado a las cuentas de la Plataforma. Estos gastos, según la parte denunciante, los habría efectuado Hernández.
Asimismo, los seis socios destacan que Hernández se habría asignado un salario base de 1.024 euros, pero que estaría cobrando en dinero negro un importe de hasta 3.000 euros, contraviniendo así los Estatutos de la organización, que recogen que su labor debe ser "voluntaria". A estos pagos, siempre según el testimonio de la parte denunciante, se sumarían otros adicionales por un importe de otros 8.000 euros que habría efectuado Hernández para cubrir las reparaciones de su vehículo privado: "Queremos que justifique las cosas que no entendemos. Los socios contribuyen con sus cuotas mensuales para luchar por la regularización del sector, no para los caprichos del presidente", sentencian los demandantes.
Auditoría
El máximo ejecutivo mantiene su presunción de inocencia y asegura que ha puesto el asunto en manos de una auditoría para demostrar la correcta contabilidad y negar cualquier uso inapropiado de los fondos de la plataforma. Los denunciantes, no obstante, sostienen que "Hernández ha encargado la auditoría a una consultora conocida suya y no ha aportado ninguna documentación al respecto, ni si quiera, el presupuesto de la misma".
En paralelo, el presidente ha convocado una Asamblea Extraordinaria para tratar de acabar con el conflicto, pero los seis socios demandantes denuncian, no obstante, que, este pasado martes, la Plataforma les reembolsó la cuota mensual ya abonada para evitar su presencia en la misma en base a los Estatutos de la Plataforma, al no estar al corriente de pagos. De hecho, algunos han sido destituidos ya de sus cargos.