El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado hoy que exigirá a Pedro Sánchez, con el que se reúne en Moncloa el viernes, "una respuesta acorde con lo que necesita Andalucía, con lo justo. No pedimos nada más, ni vamos contra nadie. No hay tierra que amemos más en Andalucía que a Cataluña". En su campaña de movilización de la sociedad civil contra el pacto PSC-ERC ha recibido respaldo de la Confederación de Empresarios y las Cámaras de Comercio. El Observatorio Económico de Andalucía, organismo independiente formado por profesionales de la Economía, también alerta de perjuicios económicos a medio y largo plazo.
"Aquí no hay ningún ataque a ninguna comunidad y menos a una comunidad que valoramos, apreciamos y queremos como Cataluña", ha subrayado Juanma Moreno, al tiempo que ha lamentado que el "problema" de la financiación lo lleve "arrastrando" Andalucía desde hace "décadas". Una situación que "va limitando mes a mes, año a año, nuestras capacidades de futuro. Por tanto, esto incumbe absolutamente a toda la sociedad", ha enfatizado, reclamando apoyos en la sociedad civil a su postura.
Empresarios
El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Javier González de Lara, se ha mostrado por su parte "convencido" de que Moreno "defenderá" los intereses de Andalucía respecto a la financiación, puesto que "somos merecedores del mismo tratamiento económico, presupuestario y fiscal que cualquier otra comunidad de España".
A preguntas de los periodistas, González de Lara considera "oportuno" que el presidente andaluz proponga a Sánchez otras medidas de impulso para Andalucía, "no solo de actividad económica, sino también de las inversiones".
"Sabemos que no hay Presupuestos Generales del Estado (PGE), lo que supone una dificultad, pero somos la comunidad autónoma más poblada de España y necesitamos una vertebración territorial que otros territorios del país han conseguido con mayor holgura", ha abundado, para concluir lanzando su deseo de que la reunión "sea productiva y dé resultados".
El presidente del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, Javier Sánchez Rojas, ha manifestado la "profunda preocupación" de las cámaras sobre una cuestión como la financiación, en la que "no vamos a permanecer impasibles ni callados" por el "riesgo que corre la igualdad de oportunidades". "Andalucía no puede quedar discriminada" ni puede aceptar "planteamientos" que van a hacer "daño" a los intereses de la comunidad.
Los sindicatos también se pronunciaron ayer sobre la reunión: El secretario general de UGT-A, Óskar Martín, aseguró que desconocía las propuestas que iba a trasladar Moreno a Pedro Sánchez, al tiempo que mostró su esperanza en que hubiera avances en temas que Andalucía viene reclamando con insistencia. Desde CC OO-A, Nuria López expresó que le hubiese gustado que Moreno hubiera hecho públicos los criterios con los que va a reclamar más financiación y cómo piensa hacer llegar ese dinero a los servicios públicos y a fomentar la igualdad no sólo entre comunidades sino también dentro de Andalucía.
Observatorio Económico Andaluz
Sobre la financiación se ha pronunciado también el Observatorio Económico de Andalucía, que alerta de que el acuerdo sobre financiación entre PSC-ERC causará perjuicios económicos a medio y largo plazo para Andalucía y el resto de comunidades de régimen común y que además "no es el fin del procés, sino más bien la aceptación de alguna de sus hipótesis de partida", como "el llamado e injustificado maltrato fiscal".
El Observatorio, entidad independiente formada por economistas, critica el pacto por lo que supone de bilateralidad en una cuestión que afecta a las 15 comunidades de régimen común, por el deterioro en la capacidad redistributiva del Estado, por conceder de facto independencia fiscal a una comunidad, por fragmentar la Agencia Tributaria con riesgo para la eficiencia, eficacia y equidad en la gestión y por olvidar que los sujetos y objetos de las políticas redistributivas y fiscales son las personas, no los territorios.
Con el sistema actual, según los cálculos del Observatorio, la brecha entre la comunidad mejor financiada, La Rioja, y la peor (Murcia) es de 888 euros por habitante . Andalucía estaría en una situación de infrafinanciación de 183 euros por habitante respecto a la media nacional.
¿Reforma constitucional?
¿Y dónde debe debatirse? ¿En reuniones bilaterales entre Moncloa y autonomías? ¿En la Conferencia de Presidentes o en la de Política Fiscal y Financiera? A juicio del Observatorio, en ninguna de ellas. El foro adecuado, dicen, son las Cortes: el Parlamento y el Senado.
"Es un asunto que va más allá de la financiación, afecta al concepto mismo del Estado", ha asegurado el profesor Diego Martínez, catedrático de Economía y miembro de Fedea, en la presentación del informe realizado. Por este motivo, los expertos del Observatorio consideran que no sólo sería preciso la reforma de la Ley Orgánica de Financiación Autonómica, sino también de la Constitución.
"Abordar un cambio de esta naturaleza, con posibles requisitos de reforma constitucional, a partir de un acuerdo de investidura regional sobrevenido por las contingencias electorales del momento de ninguna manera es un procedimiento aceptable", concluyen.
Paradójicamente, los autores del informe estiman que la salida de Cataluña del régimen común provocaría que el sistema contase con 1.500 millones más, pues aunque la comunidad es contribuyente neta al fondo de garantía es receptora neta si se contabilizan lo que recibe por competencias transferidas y otros conceptos. A la larga, coincidiendo con las estimaciones de Fedea, se calcula que el Estado tendría que compensar una merma de 25.000 millones en la financiación autonómica, que sólo se podría acometer con deuda o impuestos.
Aseguran que las singularidades ya se contemplan en el sistema actual
Los autores del informe señalan que "lo llamen como lo llamen" el acuerdo constituye un "concierto". Hay dos comunidades que sí se financian a través de conciertos o convenios, País Vasco y Navarra, pero con consenso constitucional, y con una "manifiesta insolidaridad en la relación estas haciendas forales respecto al resto". El sistema actual ya contempla el concepto "singularidad" a través de la población ajustada, que se estima teniendo en cuenta no sólo los habitantes de derecho sino modulando con criterios como el envejecimiento, dispersión, superficie o insularidad.
Rechazan así mismo que se pueda hablar de un principio de ordinalidad. Los principios del sistema son la equidad y redistribución. "La ordinalidad no es un principio sin un criterio político", aseguran. Ahora se alude a él para poder jugar con los datos a conveniencia.
El informe plantea abordar la financiación autonómica desde la multilateralidad "y como proyecto integrador", ajustando los cambios a la equidad y redistribución para que todos los ciudadanos tengan acceso a un mismo nivel de servicios públicos vivan donde vivan. Y dan un toque de atención a las políticas fiscales "erráticas" del Gobierno andaluz, al que piden coherencia al pedir más financiación pero al mismo tiempo insistir en rebajas fiscales.
