Ayuso gana, por ahora. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 32 de Madrid ha acordado suspender de forma temporal el acuerdo del Ayuntamiento de Fuenlabrada que le quitaba la titularidad de los terrenos de La Cantueña a la Comunidad de Madrid.
En el auto del juez, consultado por Europa Press, consta que se ha aceptado la medida cautelar, con carácter urgente, solicitada por la letrada del Gobierno regional de suspensión de la ejecución del acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Fuenlabrada, de 26 de julio de 2024.
Dicho acuerdo ponía fin a la cesión del espacio Cerro de la Cantueña a la Comunidad de Madrid, donde el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ya está rehabilitando un edificio para poner en marcha un centro de acogida para menores extranjeros no acompañados (menas). Tras este pacto, la titularidad del inmueble volvía a manos del Consistorio del socialista Javier Ayala.
Para justificar la adopción de esta medida cautelar, el juez señala en el auto que "ambas partes defienden el interés general", si bien "la Comunidad de Madrid ofrece razones más que suficientes, con fundamento en la urgente necesidad de ampliar las plazas de atención a menores extranjeros no acompañados, a raíz del incremento de los flujos migratorios y su tendencia alcista, unida a la actual escasez de los recursos disponibles, que hace que deba prevalecer el interés general de protección de los menores".
La protección de menores, una "prioridad"
Así, recuerda que la protección de los menores "no solo constituye un derecho universal sino que la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia impone como una obligación prioritaria de los poderes públicos, incluido el Ayuntamiento, y que está reconocida en el artículo 39 de la Constitución Española y en diversos tratados internacionales".
"Este interés general debe prevalecer sobre cualquier otro interés general y, en concreto, sobre el interés general que representa el Ayuntamiento de preservar su patrimonio", recalca.
Destaca que son claros "esos perjuicios que se causarían como consecuencia de la reversión inmediata de los bienes cedidos a favor del Ayuntamiento de Fuenlabrada y que se concretan en la privación a la Comunidad de Madrid de la posesión y titularidad de un bien inmueble, del que ha dispuesto hasta ahora en virtud de un convenio suscrito con el Ayuntamiento".
"Y, con ello, imposibilitar la puesta en funcionamiento de un centro de primera acogida de menores extranjeros no acompañados, provocando la paralización de unas obras de acondicionamiento que han sido declaradas urgentes y de interés general", subraya.
"Lo cierto es que, de no adoptarse la medida de suspensión, se causaría un perjuicio irreparable, impidiendo o haciendo muy difícil hacer efectiva la resolución judicial que se adopte -caso de ser estimatoria del recurso- si para entonces el Ayuntamiento ha tomado posesión de la finca, impidiendo a la Comunidad de Madrid ejecutar unas obras en plazo, declaradas urgentes, perdiendo de este modo este recurso su legítima finalidad", concluye.
Madrid aplaude la decisión
La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha sido la primera en celebrar el auto del juez en favor de la Comunidad de Madrid, frente a la "fijación" que, a su juicio, muestra el alcalde Javier Ayala, "con los inmigrantes".
Nos parece insólito, inaudito, esta fijación que tiene el alcalde con los inmigrantes que acuden a nuestra región y que tenemos el deber moral y legal de atender en las mejores condiciones", ha subrayado la consejera en declaraciones a los medios de comunicación durante una visita este jueves a la Fundación Carlos Martín, uno de los dispositivos de la Fundación Raíles en la capital.
Ana Dávila ha defendido el trabajo "de forma exhaustiva" de la Comunidad de Madrid "desde todos los recursos" con que cuenta "para incrementar las plazas" con las que atender a estos menores.
La titular de Asuntos Sociales ha recordado que se trata de la "tercera vez" en la que la Justicia "ha dado la razón a la Comunidad de Madrid" frente a lo que considera un "boicot" por parte del alcalde de Fuenlabrada.
Fuenlabrada acusa a Madrid de "mentir"
Por su parte, el Ayuntamiento de Javier Ayala ha emitido un contundente comunicado en el que acusa a la Comunidad de Madrid de "mentir" e "inventar resoluciones judiciales".
Según Fuenlabrada, "la realidad es que ningún juzgado se ha pronunciado sobre el fondo de la cuestión y hasta ahora solo se han dictado medidas cautelares, que se trata precisamente de medidas provisionales mientras se dirime el fondo del asunto".
El Consistorio niega haber recibido por el momento alguna notificación sobre la cuestión, por lo que "desconoce el contenido y la propia existencia de dicho auto".
En ese sentido, el Ayuntamiento ha lamentado que "continuamente deba conocer las medidas judiciales provisionales por la prensa, así como la celeridad en la respuesta por parte judicial, cuando se le notificó a la Comunidad este mismo lunes el acuerdo de la Junta de Gobierno Local para revertir la titularidad de dicho centro al Ayuntamiento de Fuenlabrada".
"Los hechos acaecidos en las últimas semanas respecto al espacio de la Cantueña ponen de manifiesto la obsesión que demuestra el Gobierno regional en que este macrocentro, diseñado a espaldas del Consistorio, se construya en Fuenlabrada 'cueste lo que cueste'", ha señalado el Ayuntamiento.
"El alcalde Javier Ayala siempre ha apostado por la solidaridad y el consenso con otros municipios para que haya un reparto razonable y dar una solución factible en el seno de la Federación Madrileña de municipios", ha defendido el Consistorio para zanjar el escrito.