La Comunidad de Madrid prosigue con las obras del nuevo centro de acogida para menores no acompañados en el polígono de La Cantueña en Fuenlabrada y estudiará "las medidas oportunas" para defender sus "derechos y de los menores" después de que el Ayuntamiento haya decidido dejar sin efecto el convenio de cesión y revertir la titularidad de las instalaciones.
Fuentes de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales han explicado a Europa Press que la Administración regional no ha tenido todavía "ninguna notificación" al respecto y señalan que, una vez se reciba, "se estudiará y se tomarán todas las medidas oportunas para defender los derechos de la Comunidad de Madrid y de los menores".
Mientras tanto, insisten, las obras y el proyecto "continúan adelante" frente a la "incongruencia" de quienes "piden acoger a menores pero, cuando les toca hacerlo, lo rechazan", subrayan. En este sentido, desde el Gobierno regional afean que el alcalde de Fuenlabrada, el socialista Javier Ayala, haya puesto "una vez más todos los obstáculos" para "rechazar a estos menores en su municipio".
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Fuenlabrada aprobó en su última sesión poner fin a la cesión del espacio Cerro de la Cantueña a la Comunidad de Madrid, donde el Gobierno autonómico pretende poner en marcha un centro de acogida para menores no acompañados, y revertir así la titularidad de dicho centro al Consistorio.
Según informó el Ayuntamiento, la decisión se produce tras rechazar las alegaciones presentadas por la Comunidad y una vez finalizado los plazos y procedimientos legales del proceso de reversión iniciado por el Consistorio.
Se incumple el convenio
En concreto, la Junta de Gobierno ha acordado resolver la cesión al entender que incumple el convenio de 21 de diciembre de 1999 donde se estipulaba su uso como un espacio de difusión ambiental y que "debía redundar en beneficio de los vecinos de Fuenlabrada".
Asimismo, sostiene que "incumple los usos previstos por el planeamiento urbanístico vigente". Los informes jurídicos del Ayuntamiento han rechazado las alegaciones presentadas por la Comunidad de Madrid, que no reconocía la titularidad municipal del centro, adjudicándola al Consorcio Urbanístico Cerro de la Cantueña. Un consorcio que, según defiende el Consistorio, "no existe desde hace más de 20 años", remitiéndose para ello al portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid.
Dichos informes señalan "documentos y referencias expresas", defiende, del "reconocimiento por parte de la Comunidad de Madrid de la titularidad municipal de dicho centro".
El Gobierno municipal insiste en que el proyecto de "macrocentro" para menores no acompañados "incumple tanto el convenio de cesión del espacio como las recomendaciones del Consejo de Europa y la propia ley regional de Servicios Sociales".
Por su parte, el alcalde, Javier Ayala, ha acusado al Ejecutivo autonómico de "tratar de imponer este centro" en la ciudad "sin las condiciones adecuadas, en medio de la nada y sin un plan social que atienda correctamente a estos menores propiciando su inclusión".
"Nosotros apostamos por el consenso con otros municipios para que haya un reparto razonable y que todos aportemos en la solución. Fuenlabrada será el primero en ser solidario", ha propuesto Ayala, quien ha recordado que Fuenlabrada tiene un amplio reconocimiento en la Unión Europea y presencia en numerosos foros internacionales por su implementación de políticas de integración y diversidad.
Como recuerda el Consistorio, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha admitido a trámite e investiga el contrato de emergencia aprobado para las obras del centro mientras un Juzgado de Madrid dirime sobre el decreto de paralización de las obras aprobado por el Ayuntamiento de la ciudad y que fue suspendido cautelarmente a petición del Ejecutivo regional, permitiendo así la realización de las obras.
Una inversión de casi 19 millones
En el último Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid el Ejecutivo regional aprobó una inversión de 18,7 millones de euros para este centro que contará con 4.000 metros cuadrados y 96 plazas. La Cantueña ha sido objeto de polémica en los últimos meses ante el rechazo del Ayuntamiento y su alcalde a que se establezca ahí y las medidas legales interpuestas para poder pararlo.
En concreto, el presupuesto contempla 11,8 millones destinados a la gestión de este dispositivo y, además, 6,9 millones para el acondicionamiento del inmueble, que lleva años cerrado.
La rehabilitación de este edificio se centrará en las tres plantas que ocupa el recinto donde tendrán cabida distintas zonas comunes, como las de formación, consigna, comedor o enfermería; dormitorios; zonas de baño, y espacios para los educadores donde puedan desarrollar los programas de integración.
La duración del contrato se extenderá desde el próximo 1 de noviembre de 2024 hasta el 31 de octubre de 2026, según detalló el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, durante la rueda de prensa.
Este recurso de primera acogida está diseñado para estudiar y valorar cada caso en su globalidad y proponer, si es necesario, la asunción de una medida de protección, así como orientar la intervención social más adecuada, promoviendo los tratamientos requeridos, según la Comunidad de Madrid.
Entre tanto, el menor residirá de forma temporal en el centro de primera acogida donde tendrá cubiertas todas las necesidades básicas. Desde este tipo de recursos se instruyen los expedientes de aquellos sin referentes familiares que requieren una atención urgente e inmediata.
