Madrid
Están habituados a aparecer en situaciones especiales y hay quien les califica de especuladores e incluso de buitres. Los fondos oportunistas han tomado posiciones en España en los últimos años al calor de distintas crisis, desde la económica de 2011 hasta la sanitaria de 2020. Las grandes empresas familiares del país no han sido una excepción y no han podido escapar a la oferta de estos grandes inversores, cuyo modus operandi suele ser compartido, con la firma de créditos onerosos con cláusulas leoninas por asumir mayores riesgos y la compra en secundario de crédito bancario como denominador común. En algunas situaciones, la combinación de estas prácticas llega a cristalizar en la toma de control de las compañías y un cambio radical en la gestión, una vez se asume que la situación financiera es insostenible.
La familia Grífols, principales accionistas de la farmacéutica catalana, ha emprendido en los últimos meses una refinanciación de su patrimonial Scranton y se ha abierto a este tipo de fondos. Ha reordenado su deuda con Oaktree, un fondo con sede en Nueva York (Estados Unidos), después de toparse con el "no" de la banca. Con 192.000 millones de dólares bajo gestión y conocido recientemente por haber tomado el control del Inter de Milán después de que el club italiano se vea incapaz de repagar un préstamo de 400 millones de euros, este fondo ha protagonizado otros episodios con empresas del país como acreedor y posteriormente propietario.
Hace casi una década, Oaktree tomó las riendas de Panrico después de que el fabricante de donuts llevara a cabo una reestructuración de deuda y de que el fondo tomara parte del pasivo que convirtió en capital poco después. El grupo estadounidense logró enderezar el rumbo de la firma y selló su salida con el traspaso de la compañía al grupo mexicano Bimbo. Oaktree también tomó posiciones años antes en Campofrío (asumió el 24% del capital), la cárnica española comandada entonces por Pedro Ballvé.
La lista de expedientes de los fondos oportunistas en España es extensa. La crisis del coronavirus hundió los ingresos de millones de empresas, que tuvieron que salir al mercado en busca de un balón de oxígeno. Una de ellas fue la cadena hotelera Room Mate, propiedad hasta antes de 2020 de Sandra Ortega y el empresario Kike Sarasola, que terminó en manos de Angelo Gordon en alianza con Westmont. El fondo lanzó una oferta cuando la firma de Sarasola, que llevaba meses pidiendo un rescate a la empresa pública SEPI y llegó a firmar un préstamo puente con Atitlan a la espera de un salvador, entró en concurso de acreedores. Su propuesta salió adelante y evitó la quiebra de la hotelera.
Aunque con algún matiz, el caso de la galletera Siro, propiedad del empresario Juan Manuel González Serna, guarda parecidos. La firma recibió en las mismas fechas una oferta por dos fondos agresivos como Davidson Kempner y Afendis después de que la administración pública tampoco prestara financiación extraodinaria. Los inversores entraron después de que grupos industriales como Gullón descartaran la compra y en un momento crucial de la compañía, que por días vio su cierre y liquidación muy cerca. Davidson Kempner y Afendis, que este año negociaron sin éxito su entrada en otra empresa familiar española, Helados Alacant, entraron tras una negociación in extremis que obligó a intervenir al Ministerio de Industria ante la amenaza del cierre de cuatro plantas y la extinción de 1.700 puestos de trabajo.
Nueva Ley Concursal
Si por algo destacan estos inversores, además de por su voracidad, es por su astucia. Celsa, una de las principales compañías de Cataluña y un referente de la industria siderúrgica en Europa, cambió de manos en una jugada maestra de sus acreedores, representados principalmente por Attestor -también figuran Sculptor, Golden Tree, Capital Group, Cross Ocean y SPV-, aprovechando el marco de la nueva Ley Concursal. Los acreedores presentaron un plan alternativo al propuesto por la familia propietaria, los Rubirata, que terminaron cediendo la propiedad tras una dura batalla judicial y una decisión histórica de los tribunales.
Una estrategia similar emplearon los bonistas de Naviera Armas (JP Morgan, Barings, Cheney, Bain y Tresidor), grupo naviero líder en España y uno de los principales de Europa en el sector del transporte marítimo de pasajeros y carga rodada. Pese a la posición de sus bonistas, las negociaciones llevaron finalmente a que los fundadores y máximos propietarios, la familia Armas, que da su nombre al grupo, retuvieran un pequeño porcentaje de la compañía, aunque desaparecieran de la primera línea ejecutiva.
Antes, otros imperios sucumbieron ante sus malos resultados financieros y la presión de este tipo de fondos. El imperio Villar Mir, que englobaba hasta no hace tantos años OHL, Ferroatlántica y Fertiberia, empezó a laminarse con la entrada de Tyrus en su constructora. Con sede en el Principado de Mónaco, este fondo entró en una ampliación de OHL a vida o muerte por 1.000 millones. Los contratos suscritos incluyeron duras cláusulas que se comieron parte de la caja del holding familiar y que terminaron derivando en otras desinversiones. Hoy, el fondo TPG controla la división española de Ferroatlántica y Triton es dueño desde hace años de Fertiberia. La familia plantea desprenderse también de la inmobiliaria Espacio, por la que negocia con Aedas Homes, y ha salido de OHL, controlada por los hermanos mexicanos Amodio y rebautizada como OHLA.
El caso Codere
Es una de las guerras accionariales más sonadas de los últimos años. La batalla entre los hermanos Martínez Sampedro en la multinacional de juego Codere se remonta a 2018, cuando fueron destituidos de sus cargos como presidente y vicepresidente ejecutivos de la compañía. Los hasta entonces máximos accionistas y fundadores del grupo no escondieron sus desavenencias con los bonistas, que llegaron al capital (Silver Point Finance, Contrarian y Abrams Capital) en una refinanciación en el año 2014, para posteriormente fijar un cambio de rumbo tras un consejo de administración de alto voltaje. Las discrepancias se tradujeron en varias disputas judiciales. En 2019, la Corte Internacional de Arbitraje desestimó parte de sus peticiones, que principalmente pasaban por declarar sus ceses como contrarios al acuerdo de accionistas sellado en 2016. En 2021, la Audiencia Provincial de Madrid confirmó la obligación de los hermanos de devolver unos dispositivos electrónicos con información confidencial que retuvieron tras su despido.
