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El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura da la razón a la Junta en la inadmisión del proyecto del macrovertedero

Macrovertedero. Archivo
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La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha desestimado el recurso contra la resolución de la Secretaría General de la Consejería para la Transición Ecológica y la Sostenibilidad de la Junta de Extremadura de 10 de marzo de 2023, la cual inadmitía la solicitud de Autorización Ambiental Integrada que tenía por objeto un proyecto de instalación de tratamiento y eliminación en vertedero de residuos industriales, a ejecutar en el término municipal de Salvatierra de los Barros (Badajoz), una planta que la sociedad calificó de macrovertedero.

Se trataba de una iniciativa propuesta por la empresa 3RS TGestión MA Extremadura y que pretendía gestionar 68.501 toneladas al año de residuos peligrosos y 221.195 de residuos no peligrosos, implantando además un vertedero con 45 celdas de vertido, que comprenden 21 fases en la explotación de la instalación, y su vida útil será de unos 45 años, que es cuando termina la última fase de los vasos de vertido y se habrán sellado las celdas proyectadas.

La empresa promotora recurrió a la Sala esta resolución de inadmisión ambiental y que el TSJEx desestimado y ratificado dicha resolución por ser conforme a Derecho. Cabe recordar que la solicitud se inadmitió por no reunir la documentación técnica aportada por el promotor del proyecto las condiciones técnicas suficientes.

En su fundamentación y respondiendo al recurso, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Extremadura señala que "no puede considerarse que existe una desviación de poder ni ningún tipo de infracción administrativa en la tramitación del procedimiento sobre la base de los plazos que se otorgaron de subsanación".

Además añade que "se ha actuado con bastante antiformalismo y en favor del desarrollo favorable a la tramitación de la petición, lo que no enerva que un informe técnico acredite que el proyecto es manifiestamente insuficiente en cuanto a las garantías de interés público con relación a las personas y bienes y a la propia declaración del proyecto que se pretendía realizar, resultando llamativo que la recurrente no haya razonado sobre los elementos del citado informe y las sustanciales deficiencias de que se dice adolece, que son relevantes, de tal manera que no se han vulnerado sustancialmente los trámites procedimentales correspondientes ni tampoco se ha infringido el ordenamiento jurídico", señala el Tribunal en nota de prensa..

Por otra parte, la Sala indica que "tampoco se vulnera la doctrina de los actos propios, ya que durante la tramitación del procedimiento se puede considerar que la petición no se ajusta a los requisitos debidos y esenciales ni implique que por el inicio de su sustanciación se vaya a declarar conforme a Derecho el proyecto o que no adolece de defectos sustanciales, incluso para su debida calificación o determinación de los distintos elementos que sea necesario calibrar o valorar, ya el procedimiento administrativo se utiliza para determinar si los mismos concurren, que es lo que ha realizado la Administración en este caso".

El nuevo Plan Integral de Residuos limitará la capacidad de residuos al año

Cabe recordar que este recurso se le presentó a la inadmisión de la declaración de impacto ambiental se planteó al rechazo del anterior ejecutivo, una oposición al proyecto que salió refrendado con el nuevo Ejecutivo cuando el Consejo de Gobierno del martes 23 de enero, se dio carpetazo a este proyecto con la publicación del nuevo Plan Integral de Residuos de Extremadura (Pirex).

Este nuevo Plan eliminaba "el concepto de macrovertederos en la región", según explico la portavoz de la Junta de Extremadura, Victoria Bazaga, por este Pirex 2023-2030 limita "la capacidad de albergar en 50.000 toneladas al año" y para instalar este tipo de instalaciones se tendrán en cuenta los planes urbanísticos y las ordenanzas municipales, destacó, del mismo modo que no podrán construirse en "zonas protegidas, entornos de especial valor y dehesas".

Rechazo social

Desde que se publicó en el DOE la exposición pública de este proyecto la sociedad civil de Salvatierra de los Barros estalló en una oposición frontal, una postura que se extendió a otras muchas localidades y vecinos de Extremadura que no veían con buenos ojos la instalación de un "macrovertedero" como así se le conoce en la zona en pleno corazón de la dehesa extremeña.

Tal fue la oposición ha este proyecto que dinamitó la vida municipal, y el alcalde, el socialista Francisco José Saavedra, dimitió. Posteriormente, y tras las amenzadas de dimisión de los concejales socialista, fue investido el popular, Abel Caro, con los votos de su grupo municipal, el Partido Popular, y de los exconcejales socialistas.

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