Nueva sesión en la Audiencia Nacional. Hoy le ha tocado ir a declarar al presunto cerebro de la trama del caso Koldo, el empresario Juan Carlos Cueto. Este ha negado que hubiera irregularidades ni comisiones ilegales en los contratos de mascarillas durante la pandemia y ha alegado que no sacó provecho de la venta del material sanitario. Tras su declaración, ha salido de la Audiencia en libertad; sin embargo, la Fiscalía—junto con PP y VOX—ha pedido al juez, Ismael Moreno, que le prohíba salir de España. Al no haber oposición, se espera que Moreno lo acuerde próximamente.
Cueto solo ha respondido a las preguntas de su abogado y ha presentado un informe de KPMG, apelando a que el precio que se pagó por las mascarillas era el adecuado y a penas había beneficio económico.
La Fiscalía considera que Cueto tenía todo el control de Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, empresa que obtuvo contratos por 53 millones de euros. De hecho, destaca que el empresario se habría embolsado 9,6 millones de euros por los contratos de las mascarillas. Además, Anticorrupción alega que Solución de Gestión fue una "empresa instrumental en un proyecto común" entre el presidente del Zamora CF, Víctor de Aldama, y el propio Cueto.
Cueto controla distintas empresas a través del denominado Grupo Cueto, que en sus últimas cuentas anuales, correspondientes al ejercicio de 2022, detalla un posible fraude de 13,48 millones de euros. "Un informe de la Inspección de Hacienda, todavía no ratificado, cuantifica la supuesta cuota defraudada por la sociedad en el Impuesto de Sociedades de 2008 en 407.114 euros; de 2009 en 7,78 millones y de 2010 en 5,3 millones", admite la empresa.
Hacienda remitió el expediente hace tiempo a la Fiscalía Anticorrupción teniendo en cuenta que cuando la cuota defraudada supera los 120.000 euros existe ya un posible delito fiscal. No obstante, el Grupo Cueto explica en el informe anual que ha decidido no provisionar dichos importes, ya que entiende que "existen sólidos argumentos para descartar la existencia de un delito contra la Hacienda Pública".
Pendiente de la celebración de juicio oral desde el año 2019, la Fiscalía considera que pudo haber desviado ese dinero cuentas en Islas Caimán o Luxemburgo y pide para él 55 años de cárcel por corrupción y 41 millones de euros de multa. El Grupo Cueto alcanzó a cierre de 2022 unos activos por valor de 60,8 millones de euros. Con unos ingresos de 2,4 millones, ese mismo año entró en números rojos con pérdidas de casi 600.000 euros.
La reacción del Ministerio de Transportes
Ayer mismo, el actual ministro de Transportes, Óscar Puente, ordenó ayer la auditoría de las empresas públicas Puertos del Estado y Adif. El objetivo es esclarecer lo ocurrido en 2020 con la compra de mascarillas a través de contratos públicos. "Para la auditoria hemos contratado a la Inspección General de Servicios, un organismo independiente y con funcionarios de carrera- su puesto no dependen del Gobierno-, según establece la propia legislación. Los contratos pueden estar bien y eso no excluye que haya personas que se lucraran de ellos y recibieran mordidas. Hay que distinguir lo que son los contratos de las comisiones", ha explicado Puente durante la rueda de prensa de esta tarde.
"Hasta ahora sabemos que se repartieron 13 millones de mascarillas entre Adif y Puertos del Estado. Los contratos fueron fiscalizados tanto por la Intervención General del Estado como por el Tribunal de Cuentas", ha señalado Puente. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas no solo fiscalizó los contratos, sino que también llevo a cabo una comparación de precios de estas mascarillas. "Adif fue la entidad que pagó el precio medio más bajo por mascarillas, seguida por Puertos del Estado. Ambas fueron las organizaciones que compraron las mascarillas más baratas de todas las que compro la Administración General", ha puntualizado el ministro de Transportes. Además, ha querido resaltar que "todos en aquel momento recurríamos a quién conocíamos. No perdamos de vista el contexto que vivimos".
Ábalos pasa al Grupo Mixto
El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, tomó una decisión. Ábalos no cedió a las presiones del PSOE y anunció que mantendrá su escaño como diputado y se irá al Grupo Mixto. "Si yo renunciara una semana después de que salte este escándalo, se vería como un signo de culpabilidad, que no asumo. Y solo supondría mi estigmatización. Ya tengo una edad y sé lo que es un apestado político. Defenderé mi persona desde el Grupo Mixto. Quien me quiere echar a la calle por la puerta de atrás me tendrá que seguir mirando a la cara", explicó Ábalos durante su comparecencia en el Congreso. Y agregó "me estoy enfrentando solo a todo".
"No estoy acusado de nada. No he sido requerido para nada. No figuro ni en la querella ni el auto judicial. Así que no me preocupa. Será la justicia la que resuelva las sanciones", puntualizó Ábalos. El exministro ha sido contundente en su declaración y aseguró que "lo único que hice fue conseguir equipos de protección lo más rápido y económico posible".
