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Correos, Tragsa y Renfe también adjudicaron contratos irregulares durante la pandemia

Correos es una de las empresas en las que se han detectado anomalías

El Tribunal de Cuentas detectó que hubo hasta cinco empresas públicas que adjudicaron contratos durante la pandemia de forma irregular, sin el control suficiente o con deficiencias en su gestión. Además de Puertos del Estado y Adif, que realizaron adjudicaciones a la trama de Koldo García, el asesor del exministro José Luis Ábalos, que están siendo investigadas por la Audiencia Nacional, hay también anomalías en Correos, Renfe y Tragsa, si bien en su caso no están relacionadas con el denominado 'Caso Koldo'. Todo en plena polémica por la resistencia de Ábalos a aferrarse al cargo y negarse a dimitir y dejar su escaño, como le ha pedido el PSOE.

El Tribunal de Cuentas fiscalizó un total de 119 contratos tramitados por la vía de emergencia por un importe de 112,1 millones de euros, lo que representa un 78,9% respecto del importe total adjudicado por estas seis empresas públicas. En el caso de Correos, después de haber fiscalizado contratos que representan el 92% del importe total adjudicado, el Tribunal de Cuentas concluyó que, "de acuerdo con la información publicada en el Registro Mercantil, de los 29 expedientes analizados, en al menos tres las empresas adjudicatarias no incluyen en su objeto social el suministro de material que constituye el objeto de los contratos".

Además, el Tribunal de Cuentas considera que "no es muy adecuado que un mismo responsable, el director financiero, fuera el competente para autorizar el gasto y, a su vez, el pago (...) y su validación posterior por el órgano de contratación". Es algo que, según el Tribunal, y aunque la empresa lo niega, "reduce el margen de actuación y control del órgano de contratación una vez realizado el pago al proveedor".

Correos contrató a tres empresas que no incluían en su objeto social el suministro de material para el que se les había contratado y estableció además en todos los casos el pago por adelantado de la prestación, "aunque no consta en los expedientes analizados justificación alguna del motivo que determinó esta forma de proceder".

La compañía alegó que las mascarillas debían ser importadas y que los proveedores solicitaban un pago inicial, aunque para el Tribunal de Cuentas "tal circunstancia no consta reflejada en el expediente del contrato y tampoco la entidad aporta documentación que permita confirmarla". En el caso de Tragsa, donde se han analizado contratos que equivalen casi a la mitad del importe adjudicado, se han detectado varias deficiencias. "La falta de firma de los contratos por el adjudicatario en algunos casos, la indefinición del objeto en otros y el retraso en la emisión de los informes justificativos ponen de manifiesto debilidades significativas en el control y gestión interna de los expedientes por parte de la entidad", asegura el Tribunal.

Contratación verbal

En el caso de Renfe Viajeros, se han fiscalizado contratos que representan el 56% del importe total adjudicado y que tuvo por objeto el mantenimiento de las condiciones higiénicas a bordo de los trenes de servicios comerciales. En su caso, el Tribunal de Cuentas apunta que la contratación fue verbal y que "únicamente se tiene constancia de una memoria justificativa de la necesidad de contratar emitida por la unidad responsable el 17 de junio de 2020 y del acta de inicio de los trabajos".

Estos debían facturarse mediante certificaciones mensuales, acompañadas de una hoja correspondiente a los servicios prestados en cada mes, con la conformidad de la empresa. Fue algo que en la práctica no se hizo, lo que supuso una "deficiencia en la gestión interna (...) que perjudica el principio de transparencia".
En verano de 2020 se superó con creces las previsiones de movilidad existentes, lo que motivó un aumento de gasto en servicios de limpieza que agotó anticipadamente el importe contratado, por lo que desde octubre hasta el mes de diciembre tuvo que suscribirse un nuevo contrato. Todo ello no es acorde, según el Tribunal, con que en noviembre se formalizara el mismo "manteniendo las certificaciones mensuales y el plazo de vigencia inicial, hasta el mes de diciembre, cuando ya se conocía que la conformidad con los trabajos no se realizó mensualmente y que el contrato había finalizado en el mes de octubre por haberse agotado el presupuesto".

Frente a todas estas anomalías e irregularidades en las adjudicaciones, en el caso de Aena, sin embargo, pese a alguna pequeña deficiencia el Tribunal de Cuentas asegura que ha habido una "buena práctica de gestión contractual que asegura el cumplimiento de los contratos".

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