Bruselas
La polémica ley de Amnistía vuelve al Parlamento Europeo, después del debate que centró en noviembre y del protagonismo que copó durante el discurso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el pleno de diciembre. En este caso ha sido la Comisión de Peticiones de la Eurocámara la que este martes, tras un debate de casi dos horas, ha decido pedir a la Comisión de Libertades Civiles y Justicia y a la Comisión de Economía del Parlamento Europeo que evalúe si la ley de amnistía respeta los fundamentos del Estado de derecho.
La crispación y la irritación se adueñaron del debate entre eurodiputados que siguió a la presentación por parte de los peticionarios de sus preocupaciones sobre el Estado de derecho en España a raíz de la ley de Amnistía. El diálogo terminó con la solicitud de la eurodiputada popular Rosa Estarás de enviar una misión del Parlamento Europeo a España, algo que no podría efectuarse hasta después de las elecciones europeas.
Además, se solicitará a la Comisión de Libertades Civiles de la Eurocámara que elabore una opinión y, a petición del eurodiputado popular José Manuel García-Margallo se llevará la reformulación del delito de malversación a la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo.
No es que, tras las intervenciones de los peticionarios, la Comisión Europea hubiera cambiado en gran medida las líneas mantenidas hasta la fecha. El responsable del departamento sobre Estado de derecho y Derechos Fundamentales en la dirección general de Justicia, Julien Mousnier, se ha remitido a las palabras del comisario de Justicia, Didier Reynders, "para que podamos finalizar nuestra evaluación debemos basarnos en la ley ya aprobada, algo que no se da aún".
El responsable de Justicia del Ejecutivo comunitario ha asegurado que se toma "muy en serio" la ley de amnistía y que continuará" trabajando con las autoridades españolas para seguir fomentando el Estado de derecho". Sin embargo, pese a este seguimiento "de cerca" ha afirmado: "no tenemos nada que añadir en esta fase".
Las tensiones se hicieron patentes desde el inicio de la sesión. La manera de articular el debate en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, presidida por la popular Dolors Monserrat, provocó las quejas de los socialistas europeos. La eurodiputada Cristina Maestre ha criticado que no se hubiera nombrado a un interlocutor de los peticionarios, como suele ser costumbre, y se diera espacio a cinco intervenciones. Una ejecución que culminó con acusaciones de utilizar la institución comunitaria con fines partidistas por parte de la formación popular.
La fundadora de Unión Progreso y Democracia, Rosa Díez, se ha personado en la sala como una de las ocho peticionarias para denunciar lo que tildó de "transacción fraudulenta y anticonstitucional entre un candidato a la presidencia del Gobierno y un prófugo de la justicia". Entre sus argumentos contra la ley de la Amnistía ha señalado que es "contraria al derecho europeo", que "la democracia está en peligro" y ha incidido en que también es un problema "de toda Europa".
La respuesta de la Comisión Europea, a juicio del eurodiputado alemán Peter Jarh, fue "escueta" y ha respondido que se trata de un "asunto muy importante" motivo por el cual pidió al Ejecutivo comunitario "más implicación en el debate".
Durante el turno de intervención de los eurodiputados, la socialista Cristina Maestre ha tildado de "insólito" llevar a la Comisión de Peticiones de la Eurocámara una ley que está siendo debatida en el Parlamento nacional. "Vienen a usurpar el trabajo de las instituciones españolas", ha reprochado para luego acusar al PP y a Vox de "manipular las instituciones del Parlamento Europeo.
El debate de este martes responde "a una preocupación generalizada de amplias capas de la sociedad", ha considerado la eurodiputada de Renew, Maite Pagaza. Así, ha cargado contra la ley de amnistía por promover la persecución de los jueces y ha pedido a la Comisión Europea que actúe como guardiana de los tratados. Su compañero de grupo, Jordi Cañas, ha indicado que la ley es "impunidad a cambio de siete votos" y se ha remitido a la opinión del exlíder socialista, Felipe González, "la amnistía es una amnistía hecha por los propios amnistiados. Amenaza seriamente la separación de poderes".
El de la separación de poderes fue otros de los argumentos esgrimidos por los populares. El eurodiputado Javier Zarzalejos ha criticado que la "ley invade la función jurisdiccional reservada a jueces". Por su parte, la eurodiputada popular Rosa Estarás ha reprochado que en España se "dice a los jueces lo que tienen que hacer", que se "les señala con hombres y apellidos". Una coyuntura, la actual, que ha criticado pues "no genera concordia sino tensión, enfrentamiento y fragmentación" y supone "un mercadeo con el Estado de derecho al servicio de Pedro Sánchez".
En esta línea, el eurodiputado de Vox, Jorge Buixadé, ha considerado que la norma vulnera el "principio de independencia judicial" y "de igualdad de todos los españoles ante la ley". Además, ha reclamado a la Comisión Europea que se pronuncie.
Al otro lado de la balanza, la eurodiputada de BNG, Ana Miranda, ha afeado que la Comisión de Peticiones presidida por Dolors Montserrat admitiera esta denuncia de forma urgente mientas "otras quedan en el camino". Ha ido un paso más allá la eurodiputada de Esquerra Republicana Diana Riba i Giner que ha solicitado una investigación sobre "cómo se está utilizando para conveniencia la presidencia de esta Comisión", en relación a los posibles intereses partidistas de la formación popular.
