Valencia
El Pleno del Consell ha decidido derogar por la vía de urgencia el decreto por el que se creó hace apenas unos meses la Unidad Valenciana de Emergencias (UVE), lo que en la práctica supondrá la supresión de esta entidad que el anterior presidente valenciano, el socialista Ximo Puig, había anunciado. Esa unidad pretendía ser a escala autonómica un equivalente a la Unidad Militar de Emergencia para actuar en grandes catástrofes o emergencias.
Según la portavoz y consellera de Hacienda del Gobierno de coalición de PP y Vox, Ruth Merino, el actua Ejecutivo considera que hay fórmulas "más eficientes" para coordinar las emergencias y con menor gasto presupuestario que la creación de esta unidad. Así, desde los nuevos socios de Gobierno se consideran más lógicas y razonables otras fórmulas de coordinación de emergencias, como una Ley General de Coordinación, cuya efectividad puede ser mayor.
Hay que tener en cuenta que las competencias en materia de emergencias en la Generalitat están en la Conselleria de Justicia, uno de los departamentos que quedó en manos de Vox tras el acuerdo de Gobierno entre los dos partidos que se reparten la Administración autonómica.
El decreto para la creación de ese organismo se había aprobado el pasado mes de febrero y había sido una de las medidas con las que el Botànic pretendía hacer frente a la proliferación de incendios devastadores, las inundaciones cíclicas en el territorio valenciano y otras posibles situaciones de emergencia, tras la experiencia del coronavirus. En principio el decreto fijaba un plazo de un año para su creación.
La nueva entidad tendría bajo su mando en un principio los medios y recursos de la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias (SGISE), que por ejemplo incluye los bomberos forestales y brigadas helitransportadas, además de sus centros de emergencias. Además, se estipulaba que podría contar con unidades propias.
Informe de la Sindicatura
La decisión del Consell se produce apenas un día después de que la Sindicatura de Cuentas haya hecho público su informe de fiscalización precisamente de esa sociedad pública SIGSE. El informe recogía que se había puesto de manifiesto "diversos incumplimientos significativos de la normativa aplicable a la gestión de la contratación" así como en la gestión de personal.
Entre ellas se mencionaba que ha licitado de manera generalizada como contratos menores durante 2022 expedientes que superan los umbrales máximos que se establecen en la normativa sobre contratos públicos. También apunta el uso indebido de contrataciones con la empresa estatal Tragsa "para nutrir de personal la estructura administrativa de SGISE, sin que dicho personal desempeñe funciones exclusivamente relacionadas con el encargo".
En cuanto al personal, se le había autorizado para realizar un máximo de 80 contratos temporales anuales y realmente se han formalizado 167 altas derivadas de bolsas de empleo en 2022.