Desde el pasado 1 de enero, las poblaciones de más de 50.000 habitantes están obligadas por ley a implantar la Zona de Bajas Emisiones para mejorar la calidad del aire y la salud de los ciudadanos. Desde entonces, tan solo 14 municipios de España -dos de ellos en Madrid- han puesto en marcha esta medida, de un total de 151 que están obligados por ley.
Es por ello que, ante este retraso, la Comunidad de Madrid ha anunciado que va a destinar una ayuda de 2,3 millones de euros en 2024 para ayudar a los municipios afectados a implantar sus ZBE y los denominados Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS).
Así lo ha asegurado el consejero de Medio Ambiente, Interior y Agricultura, Carlos Novillo, durante la comisión de Presupuestos de la Comunida de Madrid. Además, también ha avanzado que se dedicarán un millón de euros al control y vigilancia de la calidad del aire, 1,9 millones a ayudas a la movilidad, 2,6 millones en la restauración de espacios degradados por vertidos y 7,2 en los dos programas de apoyo a la recogida y gestión de residuos en los municipios, el primero destinado a aquellos de menos de 2.500 habitantes y el de gestión para los de menos de 5.000.
La Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética obligaba a los municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares a adoptar Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) que incluyan, entre otros aspectos, Zonas de Bajas Emisiones antes de 2023.
En la Comunidad de Madrid, los municipios afectados por esta normativa y que, en consecuencia, deberían contar ya con una zona de bajas emisiones en funcionamiento son 23: Arganda del Rey, Aranjuez, Collado Villalba, Valdemoro, Majadahonda, Rivas Vaciamadrid, San Sebastián de los Reyes, Pozuelo de Alarcón, Las Rozas, Coslada, Alcobendas, Parla, Torrejón de Ardoz, Alcorcón, Getafe, Leganés, Fuenlabrada, Alcalá de Henares, Móstoles, Pinto, Boadilla del Monte, Colmenar Viejo y Madrid.
Nueve meses después de que comenzaran a ser obligatorias las ZBE, tan solo Madrid centro y Rivas ya las tienen operativas, mientras que zonas como Alcalá de Henares, Leganés, Móstoles o Fuenlabrada ya han iniciado los pertinentes trámites. En otros municipios ni siquiera se está estudiando su implantación.
Segun la ley, estos municipios también tendrán que implementar Planes de Movilidad Urbana Sostenible. Para ello, se deberán facilitar los desplazamientos a pie o en bicicleta, establecer corredores verdes intraurbanos, mejorar la red de transporte público y contribuir a su electrificación, al tiempo que se debe fomentar el uso de los medios de transporte eléctricos privados e impulsar la movilidad eléctrica compartida.
