El PSOE ha pisado el acelerador para conseguir la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno en las dos próximas semanas. Tras los resultados electorales del 23 de julio, el partido socialista necesita los apoyos de los partidos catalanes (ERC y Junts) en el Congreso y en ese contexto ha sido indispensable el acuerdo para una amnistía a las personas con delitos derivados del 'procés' nacionalista catalán.
Una amnistía que se ha cerrado en la negociación entre PSOE y ERC y que ha sido criticada por los ocho vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial, que han firmado una petición para la celebración de un pleno en el que se rechace la medida que podría darle la investidura a Pedro Sánchez.
En un escrito fechado el 31 de octubre pero del que se conoció su existencia el 1 de noviembre y al que ha accedido elEconomista.es, estos vocales han pedido la convocatoria de un pleno en el que el único punto del día sea el rechazo de la amnistía, dado que esa medida supone "confundir el interés de España con el interés del Presidente del Gobierno en funciones para evitar la hipotética formación de gobiernos de partidos de una ideología diferente a la suya es algo manifiestamente incompatible con la alternancia política".
Los ocho vocales conservadores en contra de la amnistía son los siguientes:
Carmen Llombart Pérez: licenciada en Derecho por la Universidad de Valencia, figura desde 1989 como magistrada a la Audiencia Provincial de Valencia, la cual presidió de 2010 a 2015. Actualmente es magistrada de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
José Antonio Ballestero Pascual: licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto, entró en la carrera judicial en 1984 por oposiciones y desde entonces y ha permanecido en las jurisdicciones civil y penal. Desde 2004 es magistrado de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Galicia.
Gerardo Martínez-Tristán: presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 2006 a 2016, ahora es Magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. Lleva en la carrera judicial desde 1988.
Juan Manuel Fernández Martínez: en la carrera desde 1984, fue decano de Pamplona y presidente del Tribunal Superior de Justicia de 2004 a 2014 y ahora es Magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra.
Juan Martínez Moya: comenzó en 1988 en la carrera judicial, presidió el Tribunal Superior de Justicia de Murcia entre 2004 y 2015 y ahora es miembro de la Comisión Jurídica Nacional de la Oficina Judicial y Magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia.
José María Macías Castaño: licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona en 1988, formó parte de la carrera judicial desde 1990, ejerciendo en varias jurisdicciones, principalmente en la contencioso-administrativa. En 2005 solicitó la excedencia voluntaria para ejercer la abogacía e incorporarse como socio a Cuatrecasas.
Nuria Díaz Abad: Abogada del Estado y miembro de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial tras su paso por la Subdirección General de los Servicios Consultivos de la Abogacía General del Estado.
María Ángeles Carmona Vergara: presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Secretaria Judicial y Jefa de la Unidad de Coordinación Territorial de Violencia de Género de la Delegación del Gobierno en Andalucía.
El pleno podría celebrarse el lunes
El presidente interino del CGPJ, Vicente Guilarte, va a responder a las demandas de los ocho vocales conservadores del CGPJ con la convocatoria de un pleno extraordinaria que previsiblemente se celebrará el próximo lunes por la tarde, han informado a Europa Press fuentes judiciales.
En este pleno solo habría un único punto en el orden del día, de acuerdo con la petición de los ocho vocales conservadores: el expreso del rechazo a una futura ley de amnistía y la denuncia contra el proceder para aprobar dicha ley, sin ser un proyecto de ley y evitando así que se escuche el parecer del CGPJ.
