Junta de Andalucía y Gobierno central se dan un mes para encontrar una salida pactada a Doñana

Un mes. Es el plazo que se han dado Junta de Andalucía y Gobierno central para llegar a una solución consensuada para la Corona Norte de Doñana. En ese plazo, los técnicos de ambas administraciones, en diálogo con agricultores, científicos y ecologistas, deben hacer una propuesta que apacigüe la tremenda polémica en torno al Parque Nacional y a los intereses de los freseros de los municipios que lo circundan. La reunión ayer entre el presidente andaluz, Juanma Moreno, y la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha servido para establecer una tregua de 30 días. Aunque Moreno avisa: si en ese plazo no hay una solución de consenso, el Parlamento andaluz seguirá con el trámite de la ley que declara regables 30 hectáreas en la zona, aunque sin concederles agua ni derechos de riego, y "se aprobaría a finales de octubre".

La clave de la distensión, además de en la voluntad política una vez superada la sobreactuación durante el rally electoral de los últimos meses, está en 350 millones de euros que, según Ribera, se dedicarán a conservación ambiental y a desarrollo económico. A partes iguales. Se manejan ya cantidades que permitirían incluso abordar una solución desde la compra pública de terrenos.

La ministra ha desvinculado, no obstante, el plan inversor propuesto a la Junta de Andalucía con el hecho de que la Comisión Europea haya desbloqueado el tercer tramo de los fondos Next Generation. "Es algo que ha ocurrido en paralelo, pero no está relacionado lo uno con lo otro, aunque también es verdad que en estos momentos disponemos de recursos para apostar por la naturaleza y por un desarrollo de las personas y de los territorios que sea compatible con esa preservación de los ecosistemas".

Una llamada

"No ha cambiado nada, lo que ha cambiado es que la ministra me llamó personalmente para sentarnos, y a partir de ahí vamos a poner toda la voluntad del mundo", ha afirmado Moreno antes de destacar que "lo mejor que podría pasar es que hubiera un acuerdo en el que todas las partes quedaran satisfechas, la economía, la parte del sector productivo agrícola de Huelva, los agricultores de la zona y los ecologistas. Que seamos lo suficientemente audaces para dar con la tecla y solucionar el problema y que la mayoría quede contenta", ha subrayado.

El presidente ha enfatizado que "hay que contar con las familias de agricultores atrapadas en una situación de alegalidad y que necesitan una solución".

La clave de la discrepancia sigue siendo la ampliación de regadíos. Moreno recordó que Ribera "no quiere que haya una hectárea más de regadío, no en Doñana porque eso no es parque, sino en Huelva" y "si no quiere que a través de la Ley del Trasvase Tinto-Odiel-Piedras haya más, nosotros no lo queremos discutir, siempre y cuando haya un acuerdo con los agricultores. Si los agricultores se quedan satisfechos nosotros nos quedaríamos satisfechos", ha manifestado.

Teresa Ribera

La ministra considera que el acuerdo "permite salvar Doñana y apostar por el desarrollo territorial y social y que la gente siente que puede tener futuro, progreso y diversificación de la actividad económica sin poner en riesgo Doñana".Ribera ha insistido en que "Doñana no puede ser incompatible con el progreso territorial y la actividad económica no puede ser incompatible con la preservación de Doñana".

La vicepresidenta ha explicado que el germen de la reunión que tuvo lugar ayer entre ambas administraciones surgió hace dos semanas en una conversación con el presidente andaluz en la que se constató "que había una voluntad de trabajar juntos en este doble enfoque de salvar Doñana y garantizar el progreso".

La tregua ha sido celebrada por buena parte del arco político andaluz y nacional -sólo Vox considera que Moreno "cae en la trampa" del PSOE- y de organizaciones ecologistas, alcaldes de la zona y agricultores, siempre y cuando haya "soluciones viables y consensuadas".

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