El consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, considera "un escándalo" y "un auténtico ataque al Estado de Derecho" que el exministro socialista Juan Carlos Campo sea el ponente del Tribunal Constitucional que decida sobre la admisión a trámite del recurso presentado por la Junta contra el impuesto a las grandes fortunas.
Sanz, ha expuesto la "absoluta desconfianza" que supone para la Junta esta designación y ha dicho que ahora comprenden "el enorme interés" que tenía el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por "el control político" de la institución.
El Tribunal Constitucional abordará en el pleno de la semana que viene, entre otros asuntos, si admite a trámite el recurso del Gobierno andaluz contra el impuesto a las grandes fortunas, en el que se solicita su suspensión cautelar.
Además de ministro y de secretario de Estado, Juan Carlos Campo, que fue nombrado magistrado del Constitucional el 30 de diciembre de 2022 a propuesta del Gobierno, ha sido diputado socialista en el Congreso por Cádiz durante las legislaturas XI (2016-2016), XII (2016-2019), XIII (2019-2019) y apenas un par de meses de la actual, la XIV, por cuanto tomó posesión el 3 de diciembre de 2019 y dejó de serlo el 21 de febrero de 2020.
También desempeñó diversas responsabilidades en la Administración autonómica. Fue director general de Relaciones con la Administración de Justicia (1997-2000) y secretario general de Relaciones con el Parlamento (2014-2015).
El recurso
El recurso de la Junta contra el impuesto que aprobó la ministra Montero tras suprimir Andalucía el de Patrimonio se sustenta en tres argumentos: el impuesto a las grandes fortunas supone una "invasión de las competencias normativas de la comunidad", recogidas en la Constitución, en el Estatuto de Autonomía andaluz y en la Ley Orgánica de Financiación de las comunidades autónomas (Lofca); vulnera además del artículo 23 de la Carta Magna en cuanto al procedimiento para aprobar este impuestos, que se ha hecho a través de una "enmienda a una ley por la que se creaban otros dos impuestos"; y representa además una vulneración del principio de seguridad jurídica recogido en la Constitución en cuanto que modifica de forma súbita una norma sin dar oportunidad a los afectados a oponerse a ella por los cauces legales y a tomar las disposiciones que consideren necesarias para defender sus derechos.
La consejera andaluza Carolina España alertó además de "otra chapuza legislativa" por la que cerca de 1.000 personas en Andalucía tendrían que pagar el nuevo Impuesto de solidaridad (afecta a los patrimonios netos superiores a 3 millones de euros), frente a las 19.000 personas que pagaban el impuesto de patrimonio en esta comunidad.
Desde el ejecutivo andaluz han insistido en que no preocupa "tanto la recaudación" como la invasión de competencias y el "efecto huida" que provoca, ya que "ahuyenta la inversión y frena el crecimiento económico", porque las grandes fortunas y los inversores se pueden ir a otros países de nuestro entorno en los que no existe este impuesto".
