Actualidad

La Junta califica de "escándalo" que un ex ministro del PSOE decida en el TC sobre el impuesto a grandes fortunas

  • El consejero Antonio Sanz lo ve como "control político de la institución" judicial
  • La Junta argumenta que el Gobierno invadió sus competencias, usó un procedimiento inadecuado y rompió la seguridad jurídica
  • Solicita la suspensión cautelar mientras se resuelve el litigio
El consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz.

El consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, considera "un escándalo" y "un auténtico ataque al Estado de Derecho" que el exministro socialista Juan Carlos Campo sea el ponente del Tribunal Constitucional que decida sobre la admisión a trámite del recurso presentado por la Junta contra el impuesto a las grandes fortunas.

Sanz, ha expuesto la "absoluta desconfianza" que supone para la Junta esta designación y ha dicho que ahora comprenden "el enorme interés" que tenía el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por "el control político" de la institución.

El Tribunal Constitucional abordará en el pleno de la semana que viene, entre otros asuntos, si admite a trámite el recurso del Gobierno andaluz contra el impuesto a las grandes fortunas, en el que se solicita su suspensión cautelar.

Además de ministro y de secretario de Estado, Juan Carlos Campo, que fue nombrado magistrado del Constitucional el 30 de diciembre de 2022 a propuesta del Gobierno, ha sido diputado socialista en el Congreso por Cádiz durante las legislaturas XI (2016-2016), XII (2016-2019), XIII (2019-2019) y apenas un par de meses de la actual, la XIV, por cuanto tomó posesión el 3 de diciembre de 2019 y dejó de serlo el 21 de febrero de 2020.

También desempeñó diversas responsabilidades en la Administración autonómica. Fue director general de Relaciones con la Administración de Justicia (1997-2000) y secretario general de Relaciones con el Parlamento (2014-2015).

El recurso

El recurso de la Junta contra el impuesto que aprobó la ministra Montero tras suprimir Andalucía el de Patrimonio se sustenta en tres argumentos: el impuesto a las grandes fortunas supone una "invasión de las competencias normativas de la comunidad", recogidas en la Constitución, en el Estatuto de Autonomía andaluz y en la Ley Orgánica de Financiación de las comunidades autónomas (Lofca); vulnera además del artículo 23 de la Carta Magna en cuanto al procedimiento para aprobar este impuestos, que se ha hecho a través de una "enmienda a una ley por la que se creaban otros dos impuestos"; y representa además una vulneración del principio de seguridad jurídica recogido en la Constitución en cuanto que modifica de forma súbita una norma sin dar oportunidad a los afectados a oponerse a ella por los cauces legales y a tomar las disposiciones que consideren necesarias para defender sus derechos.

La consejera andaluza Carolina España alertó además de "otra chapuza legislativa" por la que cerca de 1.000 personas en Andalucía tendrían que pagar el nuevo Impuesto de solidaridad (afecta a los patrimonios netos superiores a 3 millones de euros), frente a las 19.000 personas que pagaban el impuesto de patrimonio en esta comunidad.

Desde el ejecutivo andaluz han insistido en que no  preocupa "tanto la recaudación" como la invasión de competencias y el "efecto huida" que provoca, ya que "ahuyenta la inversión y frena el crecimiento económico", porque las grandes fortunas y los inversores se pueden ir a otros países de nuestro entorno en los que no existe este impuesto".

comentariosicon-menu2WhatsAppWhatsAppFacebookFacebookTwitterTwitterLinkedinlinkedin
FacebookTwitterlinkedin
arrow-comments
Deja tu comentario
elEconomista no se hace responsable de las opiniones expresadas en los comentarios y los mismos no constituyen la opinión de elEconomista. No obstante, elEconomista no tiene obligación de controlar la utilización de éstos por los usuarios y no garantiza que se haga un uso diligente o prudente de los mismos. Tampoco tiene la obligación de verificar y no verifica la identidad de los usuarios, ni la veracidad, vigencia, exhaustividad y/o autenticidad de los datos que los usuarios proporcionan y excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que pudieran deberse a la utilización de los mismos o que puedan deberse a la ilicitud, carácter lesivo, falta de veracidad, vigencia, exhaustividad y/o autenticidad de la información proporcionada.

VIO
A Favor
En Contra

Impuesto para mantener la pobreza y acrecentar el paro, llamado eufemísticamente de Solidaridad por los socialistas, cuyo efecto más evidente es la fuga de empresas y empresarios a lugares como Andorra, Portugal u Holanda que actúan con mucho más sentido común en este aspecto fiscal y reciben continuas solicitudes de empadronarse en su territorio por las empresas y empresarios afectados. Simultáneamente este impuesto desincentiva la inversión extranjera en nuestro país, acrecentando la pobreza y ayudando a aumentar el paro. En realidad se trata de un ataque directo a las competencias de las comunidades autónomas de Andalucía y Madrid que lo han derogado. Resulta lacerante, flagrante y vergonzoso que no se va a aplicar en el País Vasco y Navarra que han votado a su favor. No hay socialista o marxista comunista que cree una sola empresa y que a la vez no propugne subir impuestos hasta la completa destrucción del miserable tejido empresarial que aún queda en España. Destruir empresas y forzarlas a abandonar el suelo patrio, forzándolas a deslocalizarse, es la mejor manera de mantener la pobreza y acrecentar el paro, por muchos que los socialistas y marxistas comunistas pretendan ganar con ello intención de voto de cara a las próximas elecciones, autentico motivo oculto de este lamentable impuesto que se pretende imponer bajo el paraguas de un slogan tan llamativo como la palabra Solidaridad. Además, se trata de una figura impositiva que no existe en Europa. Por otra parte, muchos edificios históricos cuyo rendimiento es cero y que se encuentran en manos de particulares se van a tener que malvender para que sus propietarios puedan hacer frente a este nuevo impuesto, resultando a medio plazo como un auténtico mazazo al patrimonio histórico cultural español. Una nueva desamortización que va a propiciar el abandono completo y la ruina del casco histórico de muchos pueblos y ciudades. Corolario, la pandilla de amiguetes de gobierno de Pedro Sánchez haciendo de las suyas y destruyendo el país para intentar mantenerse a cualquier precio en el poder. Qué majos que son, dejando que sea el exministro socialista Juan Carlos Campo, estómago agradecido, el ponente del Tribunal Constitucional que decida sobre la admisión o no a trámite del recurso presentado por la Junta e Andalucía contra este impuesto a las grandes fortunas. Es inadmisible que este ataque al estado de derecho y a la seguridad jurídica esté en manos de este ponente del Tribunal Constitucional tan comprometido con el partido socialista. Pedro Sánchez es la araña negra que teje sus hilos en su favor aprovechando el desgobierno de España.

Puntuación 8
#1
mamandurrio
A Favor
En Contra

Hace falta más ROBIN HOOD de los RICOS.



ABBAS KHAL EL MAMANDURR

Puntuación 0
#2