El presidente de la patronal Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha apelado este lunes a la "responsabilidad" de los grupos parlamentarios catalanes para llegar a un acuerdo sobre los Presupuestos de la Generalitat para 2023.
En el encuentro navideño con la prensa, ha reivindicado que prorrogar las cuentas catalanas de 2022 sería una "irresponsabilidad e inmoralidad" después de dos años y medio de incertidumbre, por la pandemia primero y la guerra de Ucrania después, que hacen que para los empresarios sea cada vez más complejo tomar decisiones de inversión.
Ha sostenido que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el próximo año "no son los mejores para la economía y la competitividad", pero al menos fijan un marco sobre el que trabajar, y para Cataluña ha demandado una "fiscalidad competitiva y un marco macroeconómco que genere confianza".
Ha añadido que "se respete la labor de los empresarios", que generan riqueza y empleo, y ha lamentado las palabras de este fin de semana de la líder de En Comú Podem, Jéssica Albiach, sobre que con el acuerdo presupuestario alcanzado la semana pasada entre ERC y la formación morada -que requiere de más apoyos políticos para salir adelante- "pierden" Endesa, Foment y Blackstone. "No es bueno que se hagan presupuestos contra nadie; deben ser buenos para todos", ha esgrimido Sánchez Llibre.
Por su parte, las seis asociaciones catalanas de constructores, con la Cámara de Contratistas de Obras de Cataluña (CCOC) al frente, han emitido un manifiesto en el que apelan a la "generosidad y compromiso" de los responsables políticos para llegar a un acuerdo que permita aprobar los Presupuestos de la Generalitat de 2023 cuanto antes.
"Los empresarios, el sector de la construcción y Cataluña necesitan unos presupuestos adaptados a la realidad de 2023, y no a la de finales de 2021", ha expuesto el presidente de la CCOC, Lluís Moreno, que ha hecho hincapié en la necesidad de estabilidad y previsibilidad para poder elaborar planificaciones.
"Sean los que sean, queremos que haya Presupuestos catalanes de 2023. Sea cual sea la cifra de inversión prevista, lo que queremos es que haya una cifra", ha remachado. Y es que la experiencia histórica en obra pública es que, cuando se prorrogan las cuentas, se complica la ejecución de nuevas inversiones, y el nivel de ejecución es inferior al de un ejercicio con Presupuesto.
Además, hay administraciones que están pendientes de disponer de las cuentas del próximo año para pagar las cláusulas de revisión de precios para obras públicas de 2021 y 2022 que se han visto afectadas por el incremento de costes de los suministros.
Los contratistas calculan que la licitación de obra pública en Cataluña en 2022 rondará los 4.000 millones de euros entre todos los niveles de administración -local, autonómica y estatal-, aunque si se restan los contratos marco plurianuales y las licitaciones que han quedado desiertas, la cifra queda ligeramente por encima de los 3.000 millones, mientras defienden como "normalidad" que el peso de la obra pública en la comunidad autónoma ronde el 2,2% del PIB, lo que equivale a unos 5.500 millones anuales.
