El Abogado General de la UE se pone del lado de la UEFA y la FIFA, y niega que haya abuso de poder como denunciaban los impulsores de la SuperLiga. El Abogado dictamina que las normas de ambas competiciones son compatibles con el Derecho de la Unión en materia de competencia. "Habida cuenta de las características de la competición proyectada, los efectos restrictivos derivados del sistema de autorización previa son inherentes y proporcionados para alcanzar los objetivos legítimos perseguidos por la UEFA y la FIFA asociados al carácter específico del deporte", señala el abogado en sus conclusiones.
Desde A22 Sport, sociedad que ha creado la SuperLiga, reconocen que han sufrido, hasta hace poco, amenazas de graves sanciones a clubes y jugadores por parte de la UEFA que podría llevar a los clubes a la ruina. Ante esto, el Abogado alega que "dichas restricciones pueden quedar justificadas por objetivos legítimos asociados al carácter específico del deporte. En ese contexto, la exigencia de un sistema de autorización previa puede revelarse".
El informe, también asegura que ambas organizaciones pueden sancionar sin ir en contra de las normas de competencia de la UE. "Las normas de la Unión en materia de competencia no prohíben a la FIFA, a la UEFA, a sus federaciones miembro o a sus ligas nacionales amenazar con sanciones a los clubes afiliados a esas federaciones en caso de que estos participen en un proyecto de creación de una nueva competición que pudiera vulnerar los objetivos legítimos perseguidos". Además, alega que la SuperLiga existiría al margen de la UEFA, por lo que "los clubes de la European Super League (ESL) seguirían participando en las competiciones de fútbol organizadas por las federaciones nacionales de fútbol y por la UEFA y la FIFA".
En relación con el artículo 101 del TFUE, el Abogado General asegura que "aun cuando las normas controvertidas en el litigio principal relativas al sistema de autorización previa puedan tener por efecto restringir el acceso de los competidores de la UEFA al mercado de la organización de competiciones de fútbol en Europa, esta circunstancia no implica manifiestamente que esas normas tengan por objeto restringir la competencia".
Ahora falta que A22 Sports se pronuncie ante la resolución del Abogado General. En una rueda de prensa de hace unos días, su consejero delegado, Bernd Reichard, dijo que respetarían "la decisión del Tribunal Europeo" y se adaptarían "a las circunstancias que vengan. Estamos negociando ya con las autoridades políticas de Bruselas", asegura el consejero delegado de A22 Sports.
La sentencia final será en 2023
El Tribunal de Justicia Europeo tiene que dictaminar si existe un abuso de poder por parte las organizaciones privadas de la UEFA y la FIFA al oponerse a una competición alternativa como es la SuperLiga. Si bien es cierto que la opinión de Rantos, el Abogado General del Estado, no es vinculante para el fallo, deja claro que "las libertades fundamentales reconocidas por el Derecho de la Unión no se oponen a los Estatutos de la FIFA y la UEFA que prevén que la creación de una nueva competición paneuropea de fútbol entre clubes quede sometida a un sistema de autorización previa".
La última palabra la tendrá la Gran Cámara, compuesta por 15 jueces, que deliberarán y harán cambios en base a este primer informe del Abogado General. No obstante, las estadísticas son claras y demuestran que en dos de cada tres casos la Cámara respeta la decisión tomada por el abogado. La resolución definitiva se espera que sea durante la primavera del año que viene.
