La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) se concentra este miércoles ante el Ministerio de Hacienda por primera vez en su historia para mostrar su rechazo al acuerdo alcanzado entre el Gobierno, CSIF, UGT y CCOO para flexibilizar las pruebas de acceso de promoción interna.
La movilización, convocada para las 14 horas e impulsada por el presidente y la vicepresidenta de la organización, Ransés Pérez Boga y Ana de la Herrán, pretende mostrar así el desagrado del colectivo con esta decisión del Gobierno y culminará con la entrega de 1.500 firmas recabadas en los últimos días con las que piden al ministerio dar marcha atrás.
En concreto, los inspectores de Hacienda piden "mantener el actual listón de exigencia en las pruebas de acceso a los cuerpos superiores y negociar un esquema diferente, que facilite la promoción interna sin rebajar los actuales niveles de exigencia".
Rechazan cualquier cambio que suponga facilitar los exámenes
Desde IHE consideran que las actuales oposiciones son "una garantía de independencia y calidad en el servicio público", por lo que rechazan cualquier cambio que suponga facilitar los exámenes porque sostienen que se generará una rebaja de la cualificación de los futuros servidores públicos y, a la postre, unos peores servicios públicos.
Según denuncian, no se han tenido en cuenta las propuestas de los inspectores para llevar a cabo esta reforma del sistema y consideran que el acuerdo supondrá la introducción de "criterios discrecionales y de subjetividad" a la hora de su evaluación.
Por ello, bajo el lema En defensa de lo público: por una Administración cualificada y no politizada, los inspectores de Hacienda tomarán las calles para pedir a la cartera dirigida por María Jesús Montero que revierta el acuerdo alcanzado con los sindicatos y buscar otro modo de facilitar la promoción interna que no pase por rebajar "drásticamente" los requisitos actuales.
En este sentido, Pérez Boga ha reiterado en los últimos días que es un error eliminar los exámenes orales, los exámenes prácticos y las pruebas de idiomas en beneficio de un mero test de respuestas alternativas, así como reducir el contenido de las oposiciones a un 20% del que era hasta ahora.
Por otro lado, reconocen su sorpresa por el hecho de que este acuerdo se haya alcanzado sin conocer la opinión de los funcionarios del grupo A1, que dicen ser quienes dirigen, organizan y gestionan la Administración Pública.
El acuerdo entre Función Pública y los sindicatos CSIF, Comisiones Obreras y UGT implica que los exámenes para la promoción interna serán tipo test, se acumularán los ejercicios en una única prueba y habrá menos temario "para evitar que las plazas se queden sin cubrir", según esgrimían los firmantes.
