La polémica está servida. Función Pública, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT) firmaron el pasado viernes un acuerdo con Función Pública por el que se revisan y actualizan los criterios en los procesos de promoción interna de los funcionarios. Un hecho que ha provocado la reacción inmediata de los Inspectores de Hacienda, que avisan de que esta simplificación de los ascensos supondrá una "merma sustancial en la preparación de los futuros funcionarios públicos".
Los exámenes para la promoción interna serán tipo test, se acumularán los ejercicios en una única prueba y habrá menos temario para evitar que las plazas se queden sin cubrir. Asimismo, los procesos selectivos contarán en primer lugar con una fase de oposición con preguntas tipo test, en la que se reducirá el temario y los contenidos y se tenderá a unificar pruebas. Además, estarán exentos de realizar ejercicios que hayan superado en convocatorias anteriores y análogas.
Posteriormente, habrá una fase de concurso, en la que se valorará la experiencia, donde se puntuarán los servicios prestados con un 60%, el tiempo consolidado en la AGE, un 20%; y los cursos de formación recibidos de más de 15 horas, otro 20%. Estas modificaciones se implementarán de manera progresiva a partir de la oferta pública de 2022.
Un curso selectivo para las escalas superiores
Por otra parte, con respecto a la promoción al A1, el cuerpo más alto de la Administración, se incorpora como novedad un curso selectivo que impartirá la propia Administración y que contará con una parte eliminatoria. Este mismo año se realizará una prueba piloto para la Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos.
En un comunicado, CSIF explicó que estas modificaciones pretenden aumentar la cantidad de aprobados en fase de concurso/oposición y por tanto que haya el mayor número posible de candidatos que lleguen al citado curso selectivo. Así se trataría de reducir la elevada cifra de vacantes en los actuales procesos de promoción interna, que en algunos casos dejan sin cubrir más del 70% de las plazas.
Según datos de la propia Administración, entre los cuerpos y escalas con porcentaje de cobertura inferior al 70% se encuentran: técnicos superiores de la Seguridad Social, ingenieros aeronáuticos, ingenieros agrónomos, interventores y auditores del Estado, inspectores de Seguros, ingenieros de Caminos, técnicos superiores de Vigilancia Aduanera, de Tráfico, técnicos de Instituciones Penitenciarias, inspectores de Hacienda, Trabajo o de la Seguridad Social. Precisamente, estos últimos cuerpos son quienes han alertado sobre "el deterioro" que supondrán para la función pública los cambios acordados.
Líneas rojas contra la "precarización"
En este sentido, la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha avisado en un comunicado de "la merma sustancial" que supondrán estas modificaciones en la preparación de los futuros funcionarios públicos poniendo el foco en la instroducción de "criterios discrecionales y de subjetividad a la hora de su evaluación".
IHE considera "inaceptable que esta reforma se esté gestando sin la participación de los cuerpos superiores del Estado, entre los que están los Inspectores de Hacienda". Además, recuerda que a finales de 2021 firmó junto a otros cuatro cuerpos superiores de la Administración del Estado un documento conjunto en el que ya manifestaban su "enorme preocupación y rechazo" a la inclusión de las nuevas pruebas de acceso "de criterios discrecionales" y se marcaron una serie de líneas rojas "de necesario cumplimiento".
La Asociación insiste en que con estas modificaciones "se podrían conculcar los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad" y supondrían el "inicio de la desaparición de la actuación independiente del funcionariado". "Se pondrá también en riesgo el servicio público al verse más influido por el criterio político que por el técnico y supondrá una sustancial rebaja del nivel de conocimientos y del grado de exigencia en su preparación" sentencia IHE.
Por su parte, desde el Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social (SITSS) se han mostrado en contra "de precarizar el servicio de la Administración Pública, que se debe prestar con la mejor calidad y con las pruebas necesarias que lo garanticen y no con un examen tipo test". "No se trata de facilitar el ascenso, si no garantizar que el servicio sea de la máxima calidad y con los mejores profesionales", puntualizan desde el sindicato en su cuenta de Twitter.
