El Instituto de la Cinematografía y de las Artes Visuales (ICAA) ha trasladado a la Fiscalía General del Estado el caso del presunto cobró de comisiones para poder acceder a las ayudas públicas otorgadas por la organización para este 2022 y de cara al año que viene.
Una vez que Enrique Riobóo, dueño del Canal 33 TV y solicitante de las ayudas para "laboratorios e incubadoras de creación y desarrollo de proyectos audiovisuales", puso en conocimiento de la organización que le habían solicitado comisiones para recibir ayudas, el ICAA le instó ya a que "interpusiera la oportuna denuncia ante las Fuerzas y los Cuerpos de Seguridad correspondientes", además de asegurar que "este Instituto se reserva el derecho de presentar la correspondiente denuncia ante las autoridades", tal y como informó ayer este periódico.
El ICAA confirma que existe una cláusula en las bases de las ayudas en contra del fraude y que, por ello, decidió poner en conocimiento de la Fiscalía lo ocurrido con el guionista David Calle García, quien pidió la cuantía de 2.500 a Riobóo para poder participar en "el club elitista de los subvencionados". Como ha podido saber este periódico, la organización trasladó primero el caso a la Fiscalía General del Estado, que a su vez dio traslado a la Fiscalía de la Comunidad de Madrid.
Relación con Calle
Por otro lado, en relación con la persona de David Calle como vocal del ICAA, el organismo niega su relación con Calle y asegura que "la designación de los componentes de la comisión de valoración de las ayudas correspondientes al año 2022 (...) se efectuó mediante Resolución del ICAA de 2 de marzo (...). Y no consta la designación de dicha persona como vocal".
Además, el instituto adscrito al Ministerio de Cultura y Deporte le comunicó al afectado que "en los puestos de trabajo del organismo no existe nadie con este nombre, ni tampoco hay constancia de que hubiera alguien con ese nombre en los últimos años. Tampoco consta nadie con ese nombre como miembro de ninguno de los comités asesores de las ayudas del ICAA". Ante la sospecha de que la solicitud de comisiones no sea algo puntual y tras una denuncia presentada por Riobóo, la Policía tiene ya en marcha una investigación al respecto.
En total, las ayudas públicas eran de nueve millones de euros a repartir entre 2022 y 2023. No obstante, el importe máximo de ayuda que se concedía era de 500.000 euros para ambos años, con límites de cuantía según la puntuación.
