La crisis política que vive el primer ministro británico, Boris Johnson, que sobrevive en Downing Street a duras penas, le ha llevado a lanzar lo que él mismo denomina "un gato muerto" encima de la mesa para cambiar de tema. Y el animal escogido para atraer la atención de Europa entera es el proyecto de ley para romper el acuerdo del Brexit que él mismo negoció y presentó como centro de su programa electoral en los últimos comicios. Un proyecto que llevaba flotando por Londres desde hace años pero que no se había materializado hasta hoy, causando una dura respuesta desde Bruselas.
El texto de la ley, publicada esta tarde, permitiría al Gobierno de Boris Johnson ignorar o cambiar a voluntad, dentro de la ley británica, la mayor parte del contenido del Protocolo de Irlanda del Norte -la sección del acuerdo sobre esta provincia-, dejando en pie apenas tres artículos. Básicamente, el Gobierno se da a sí mismo el poder de borrar los artículos que no le gustan del acuerdo negociado con Bruselas y cambiarlos por otros que le parezcan mejores.
Entre los artículos específicos que se incluyen en el texto, el Reino Unido podría eliminar los controles aduaneros diseñados para evitar que entren en Irlanda productos que no cumplan con la legislación europea, por ejemplo, y los reemplazaría por un sistema de "dos regulaciones", para que cada empresa siga una según a qué mercado vayan destinados sus productos. También eliminaría el control del Tribunal de Justicia de la UE y la prohibición de ayudas estatales a las firmas norirlandesas.
Para justificar este movimiento, el texto alega "un estado de necesidad". "El Gobierno reconoce que la necesidad solo se puede invocar de forma excepcional para justificar legalmente el incumplimiento de obligaciones internacionales. Esta es una situación genuinamente excepcional", asegura la ley. En su opinión, "la situación y sus causas persistirán del medio al largo plazo" y los problemas "no eran inherentes al texto del protocolo", con lo que Johnson alega que no podía haber previsto el rechazo por parte del bando unionista cuando lo firmó, pese a que todos los expertos advertían de que ocurriría y el propio Johnson se dedicó a prometer a todos los unionistas que evitaría que se cumplieran las cláusulas que había firmado, y que ahora quiere derogar.
Clamor en contra
La reacción de los juristas fue unánime. El abogado Tim O'Connor explicó que algunas de las cláusulas "serían demasiado hasta para Enrique VIII", mientras que el también jurista y experto en asuntos constitucionales David Allen Green consideró que el texto "no refleja una posición legal del Gobierno, sino más bien la falta de una", señalando que el abogado general de Downing Street paralizó la publicación del proyecto de ley durante una semana por las dudas que le causaba.
Justo antes de presentar el texto, la mayoría absoluta de diputados del Parlamento de Irlanda del Norte le envió a Johnson una carta recordando que los partidarios del Protocolo obtuvieron una clara victoria en las elecciones del pasado mes de mayo, por lo que la ruptura del acuerdo va contra -y carece de- la legitimidad democrática que la ley dice defender con dicha ruptura. La carta, además, recuerda que una mayoría de norirlandeses votaron en contra del Brexit, por lo que este movimiento va doblemente en contra de los deseos democráticos de los habitantes de la provincia. Y, de paso, de las empresas, que han dejado claro numerosas veces que están contentas con su acceso al mercado de la UE, y que quieren solo mejorar el texto, no romperlo.
Johnson se enfrenta a una cuesta arriba para aprobar el texto. Después de que más de 140 diputados 'tories' votaran en contra de la continuidad de Johnson al frente de su partido y del Gobierno, crece la posibilidad de que una rebelión interna tumbe el proyecto. Además, aunque saliera adelante, la Cámara de los Lores tiene casi garantizada la aprobación de una enmienda a la totalidad, paralizando su tramitación durante al menos un año, plazo en el que los Comunes no podrían levantar el veto. Para entonces, es difícil saber si las presiones de Bruselas habrán obligado a Johnson a dar marcha atrás... o si habrá otro primer ministro.