Los autónomos viven con el miedo constante a que aparezca un inspector de Hacienda por la puerta del negocio para poner en marcha un análisis de su actividad. En la mayoría de casos, el profesional no tendrá nada que esconder, pero la gran carga burocrática que mantiene durante todo el año es la que genera este pánico a haber pasado algo por alto. Por ejemplo, haber perdido alguna factura.
Cuando la Inspección realiza un proceso de investigación en el negocio suele solicitar al autónomo todas las facturas del año, incluso de años atrás cuando hay indicios de que se produjo algún caso de economía sumergida.
Entendiendo esto, cabe destacar que los autónomos tienen varias obligaciones respecto a la facturación:
- Expedición.
- Remisión.
- Rectificación.
- Conservación de facturas, justificantes o documentos sustitutivos.
De hecho, recientemente, el Ejecutivo ha sumado también la obligación de expedir una factura electrónica en todas las operaciones.
¿Cuál es la cuantía de una multa por no conservar facturas?
En caso de que la Inspección solicite las facturas y el autónomo carezca de ellas, o de algunas de ellas, se consideraría como una infracción grave a ojos de la Agencia Tributaria.
Es decir, la cuantía de la multa ascendería al 2% de la facturación derivada de esas operaciones. De hecho, cuando no se conozca el importe de la factura que no se ha conservado la multa será de 300 euros por cada operación.
Así, un negocio que no conservase facturas por valor de 10.000 euros recibiría una sanción económica de 200 euros.
No obstante, cuando el autónomo no conserve ninguna factura del ejercicio la multa ascendería al 4% del volumen de operaciones del negocio.
Por ende, si el autónomo ha facturado 100.000 euros en todo el año, la sanción económica que recibirá será de 4.000 euros.
Esto puede hacer entender la importancia de conservar todos los justificantes de operaciones. No obstante, no debería ser el motivo que despertase este interés. Ya que una factura puede ser necesaria en cualquier momento para justificar una operación con un cliente, para mostrar a un juez en caso de que se diese una causa contra uno de los consumidores, o por cientos de motivos más.
