
Las prórrogas alegales de los planes de reestructuración en España empiezan a ser una constante. La Ley Concursal contempla únicamente la opción de un plazo extra de tres meses en un preconcurso una vez agotado el primer trimestre, pero la reforma de la normativa en 2022 ha llevado a distintas empresas a explorar al máximo su interpretación y han solicitado a los juzgados un tiempo adicional al inicialmente estipulado. Así lo ha logrado Duro Felguera y así lo está analizando ahora la ingeniería Imasa, compañía del sector que adolece del mismo problema que la compañía que preside Eduardo Espinosa.
La empresa que dirige José Ignacio Martínez se dispone a solicitar al Juzgado Número 4 de Oviedo unos días adicionales más para negociar con sus acreedores y poder presentar una nueva hoja de ruta que defienda la viabilidad de la compañía, según coinciden distintas fuentes consultadas por 'elEconomista.es'. Con esta nueva autorización, a la que se han acogido más empresas en apuros como el grupo energético Soltec, se alejaría el fantasma del concurso de acreedores y una potencial liquidación.
Hasta ahora, Imasa sigue negociando con sus acreedores, entre los que figuran principalmente entidades nacionales (Banco Santander, BBVA y CaixaBank) y alguna internacional con menor exposición (Deutsche Bank). Las entidades trabajan asesoradas por la big four EY, mientras que la compañía lo hace con NK5, habituada a operaciones especiales y con experiencia en este tipo de empresas -ayudó a TSK a reestructurarse en el pasado-, y el despacho Ontier.
El banco de inversión JB Capital también ha sido reclutado por la compañía, si bien su rol está centrado en encontrar un socio que insufle fondos. De hecho, la firma a la que da nombre Javier Botín, su presidente, ya encontró una solución para Nervión, filial de Amper dedicada también a servicios de ingeniería, con la venta a Mutares, grupo cotizado alemán al que ahora sitúan en las quinielas. Imasa no contestó al cierre de este artículo a preguntas de este medio.
El espejo de Duro Felguera
La petición extraordinaria de prórroga llega después de que Duro Felguera, compañía similar a Imasa, haya logrado en los juzgados esa misma medida. La empresa con sede en Gijón (Asturias) guarda más similitudes con Imasa, principalmente la coincidencia de su principal acreedor, la empresa pública Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que prestó 35 millones de financiación a través de su fondo de rescate. Los vencimientos marcados para Imasa este año son de apenas 3,8 millones y las grandes devoluciones están fijadas para 2028 y 2029.
Las voces consultadas explican que, de terminar solicitándose el nuevo plazo, la banca tampoco lo impugnaría, por lo que el juez podría entender que no hay oposición y la podría autorizar. En el caso de Duro Felguera se obtuvo la conformidad de los acreedores necesarios para instar la referida prórroga: Banco Sabadell, Banco Santander y Unicaja Banco. Los tres prestaron su consentimiento y representaban un 63,69% del pasivo, según la documentación consultada.
La defensa de un plazo extra se apoyó también en el papel estratégico de la compañía, justificado en el rescate con dinero público que llevó a cabo la SEPI. Las dos compañías asturianas figuran entre las empresas que todavía no han devuelto toda la ayuda recibida a la empresa presidida por Belén Gualda, al igual que una tercera firma del sector, Isastur (Ingeniería y Suministros Asturias). Esta empresa recibió 40 millones de euros entre préstamos participativos (20,4 millones) y ordinarios (19,6 millones) y hasta el pasado año siguió registrando pérdidas (algo más de seis millones de euros), de acuerdo a sus últimas cuentas anuales.