El Gobierno sigue atascado en la lucha contra el fraude de los hidrocarburos. Las petroleras urgen al Ejecutivo a adoptar medidas con urgencia para paliar el impacto que este tipo de delitos está provocando en su actividad.
Las principales asociaciones del sector, como AICE -antigua AOP- AEVECAR, CEEES y UPI, plantearon hace más de un año la necesidad urgente de poner en marcha medidas efectivas para erradicar estas prácticas fraudulentas.
En julio de 2024, representantes del sector mantuvieron reuniones con el Ministerio para la Transición Ecológica, destacando la insuficiencia de las acciones hasta entonces implementadas y la urgencia de reforzar los controles.
Fruto de estos encuentros, se aprobó en diciembre del mismo año la Ley 7/2024, que modifica tanto la Ley del IVA como su Reglamento, especialmente respecto al control de depósitos fiscales de carburantes. La norma fue publicada en el Boletín Oficial del Estado el 20 de diciembre de 2024.
Sin embargo, las medidas contempladas en la nueva normativa aún no han entrado en vigor debido a que siguen pendientes de publicación las órdenes ministeriales necesarias para su desarrollo reglamentario.
Las asociaciones del sector denuncian que esta demora no solo agrava el problema, sino que permite que las tramas de fraude continúen operando con total impunidad, con graves consecuencias para la competencia y para los ingresos públicos.
El texto legal establece nuevas vías para asegurar el pago del IVA por parte de los operadores. Una de las principales medidas es la posibilidad de presentar un aval bancario o de una compañía aseguradora, así como la opción de realizar un pago a cuenta mediante el modelo 319, una nueva declaración fiscal creada específicamente para este tipo de operaciones. Quedarán exentos de presentar estas garantías individualizadas los operadores que obtengan el reconocimiento como "operador confiable" o que ya estén acreditados como "operador económico autorizado" según la normativa europea.
La creación de la figura del operador confiable es una de las principales novedades. Las empresas que acrediten solvencia fiscal y un historial sin incidencias podrán inscribirse en un registro específico que les permitirá operar con menores exigencias administrativas. Con esta medida, la Administración pretende incentivar a los operadores legales y dificultar la entrada de nuevos actores que pretendan defraudar al sistema.
El fraude del IVA en los hidrocarburos es un problema estructural que afecta de forma severa al sector. Tradicionalmente, el punto más vulnerable del proceso ha sido la figura del extractor, responsable de abonar el impuesto al retirar el producto del depósito fiscal. Esta fase ha sido aprovechada por las redes fraudulentas para eludir el pago del IVA, lo que ha generado una competencia desleal mediante precios artificialmente bajos.
Desde AICE y otras organizaciones se insiste en la urgencia de adoptar más medidas para frenar este fenómeno. Reclaman un aumento de las sanciones, una mayor coordinación entre la Agencia Tributaria, las fuerzas de seguridad y las comunidades autónomas, así como la creación de un registro público de comercializadores autorizados. Asimismo, insisten en la necesidad de mejorar la trazabilidad del producto desde su importación hasta la venta final. Especialmente urgente e importante es incluir, entre las causas de inhabilitación de operadores, el incumplimiento de las obligaciones tributarias.
La consulta pública sobre esta reforma, permitía realizar aportaciones hasta el pasado 9 de mayo. Finalizado este periodo, Hacienda debería analizar las sugerencias y proceder a la publicación de las órdenes ministeriales en el BOE.